*** Las comunidades visitadas por ASJ registraron casos de personas señaladas como beneficiarias que negaron haber recibido las ayudas.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció en las últimas horas que entre 2023 y 2025 el Congreso Nacional que presidió Luis Redondo canalizó L 1,837,349,701.14 (mil 837 millones 349 mil 701 lempiras con 14 centavos) del Fondo de Administración Solidaria mediante una línea presupuestaria destinada a gastos discrecionales, sin mecanismos de transparencia, control, liquidación ni rendición de cuentas.
La ASJ identificó que diputados propietarios y suplentes gestionaron ante la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL) becas, cupones de alimentos, obras de vivienda y kits escolares mediante recursos del fondo, mientras instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) figuraron como ejecutoras.
El Fondo de Administración Solidaria fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales de Presupuesto, que autorizaron al Congreso Nacional asignar hasta L 950 millones anuales a siete instituciones del Estado para becas, subsidios, obras sociales e infraestructura menor, con un monto de L 898.5 millones ejecutado en 2024 entre SEDESOL, el FHIS y la SGJD.
La investigación de ASJ encontró que ninguna de las entidades ejecutoras remitió a los organismos de control los informes de liquidación exigidos por la ley, mientras SEDESOL admitió ante la organización que todavía no ha liquidado los fondos correspondientes al período 2023-2025 ni existe claridad sobre el proceso que debía seguirse.
Los cupones y certificados alimenticios concentraron más de L 187 millones durante el período analizado, de los cuales apenas el 37 por ciento había sido liquidado, mientras una parte importante de los cupones, estimada en L 53 millones, fue entregada a través de un grupo reducido de 26 diputados, todos pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre).
La ASJ señaló que BANADESA y SEDESOL suscribieron un convenio con una cláusula de confidencialidad que ha sido utilizada para negar información sobre la liquidación de los fondos destinados a becas estudiantiles, pese a que la Ley de Transparencia solo permite declarar reserva de información bajo causales específicas.
Los registros de ASJ establecieron que 50 diputados propietarios y suplentes gestionaron más de L110 millones en cerca de 22,000 becas estudiantiles entre 2023 y 2025, con una concentración de los recursos en pocos nombres, entre ellos el exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores y su suplente Hugo Rolando Noé Pino.
“El problema no es únicamente quién recibió estos fondos, sino que ninguna institución fue capaz de decirnos con certeza cómo se liquidaron. Eso convierte al Fondo Solidario en un mecanismo diseñado para operar sin control”, señaló Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ.
Las comunidades visitadas por ASJ registraron casos de personas señaladas como beneficiarias que negaron haber recibido las ayudas reportadas o aseguraron haber recibido una asistencia diferente a la consignada en los listados oficiales, mientras el capítulo hondureño de Transparencia Internacional identificó que 23 diputados que gestionaron becas, cupones, obras sociales y proyectos de infraestructura menor entre 2023 y 2025 resultaron reelectos en el proceso electoral más reciente.
Además, planteó como recomendaciones una Ley de Administración de Subvenciones, la publicación oportuna de beneficiarios e informes de liquidación y la prohibición de que diputados intervengan en la entrega de ayudas financiadas con fondos públicos, especialmente en años electorales. OB/Hondudiario
