*** La controversia requiere una salida mediante acuerdos y diálogo.
El analista político y jurídico, Kenneth Madrid, señaló que la controversia sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) dejó de ser un asunto exclusivamente jurídico y se convirtió en un tema político, debido a las posiciones enfrentadas sobre la operación de estas zonas y la necesidad de definir una salida mediante el diálogo.
Madrid recordó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el marco legal de las ZEDE y que el Congreso Nacional derogó la legislación orgánica de estas zonas, pero sostuvo que la inversión vinculada a esos proyectos requiere garantías jurídicas.
“Un tema jurídico se convirtió en un asunto político, debe pasar a una mesa de diálogo la sentencia de la CSJ establece que hay que garantizar la inversión debemos garantizar un arreglo pacífico en la mesa del diálogo”, manifestó Madrid.
El analista indicó que las posiciones contrarias a las ZEDE utilizan el argumento de la “venta de la soberanía”, pero la discusión debe centrarse en la protección de las inversiones y en la definición de un régimen especial que permita establecer condiciones para su operación.
“Los que no son partidarios de la inversión utilizan la bandera de la ´venta de la soberanía´ respecto a las ZEDE. Lo que debemos garantizar es la protección de la inversión. Lo mejor es que se establezca un régimen especial”, sostuvo Madrid.
Según expuso, la controversia requiere una salida mediante acuerdos y diálogo, y señaló que la sentencia de la CSJ constituye un elemento central para discutir las condiciones jurídicas relacionadas con las ZEDE y las inversiones vinculadas con estas zonas.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados (CAH), José Sarmiento, opinó que hay una sentencia que declara inconstitucional la operación de las ZEDEs, “lo mejor sería llegar a acuerdos alrededor de las ZEDEs. Necesitamos inversión en nuestro país”.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks por los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras, dentro del caso relacionado con ZEDE Próspera.
La acción toma como fundamento la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 20 de septiembre de 2024, publicada en La Gaceta el 25 de noviembre de ese año, que declaró la inconstitucionalidad con efecto “ex tunc (de carácter retroactivo)” de la reforma constitucional y de la legislación que sustentó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como del decreto que creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). OB/Hondudiario
