Sergio Armando Rivera
Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras
En algunas zonas de Honduras han surgido manifestaciones y mensajes contra los comercios chinos. Esta situación merece una reflexión objetiva, alejada de prejuicios. Las diferencias comerciales deben resolverse mediante el diálogo, la competencia justa y el respeto a la ley, no mediante la discriminación por nacionalidad.
En este debate, el consumidor debe ocupar un lugar central. Los consumidores representan a amplios sectores de la población, mientras que los comerciantes constituyen una parte de los actores económicos. Es legítimo preocuparse por la rentabilidad de los negocios locales, pero también debemos preguntarnos: ¿no merece la pena considerar las necesidades y el bienestar de la mayoría de los hondureños, especialmente de las familias con recursos limitados?
Para muchas familias, encontrar productos asequibles es una necesidad cotidiana. Los comercios chinos ofrecen una amplia variedad de artículos a precios competitivos, lo que permite a los hogares aprovechar mejor sus ingresos. Proteger los intereses comerciales no debe significar ignorar el derecho de los consumidores a comprar productos a precios razonables. En definitiva, cada consumidor debe poder elegir dónde comprar según el precio, la calidad y el servicio.
Más allá de los precios, estos establecimientos también forman parte de la actividad económica del país. Generan empleos, alquilan locales comerciales, contratan servicios, pagan salarios y, cuando cumplen con sus obligaciones tributarias, contribuyen a la recaudación fiscal. Por ello, su presencia debe evaluarse no solo desde la perspectiva de la competencia que representan para otros negocios, sino también por las oportunidades laborales y el movimiento económico que generan.
Honduras necesita inversión, empleo y nuevas oportunidades para su población. En este contexto, los comercios que operan legalmente y contribuyen a la economía merecen una evaluación objetiva, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios.
La competencia, por su parte, puede convertirse en un estímulo para mejorar el mercado. La llegada de nuevos comerciantes incentiva a los negocios a revisar sus precios, ampliar la variedad de productos, ofrecer promociones y brindar una mejor atención al cliente. Aunque los comerciantes hondureños enfrentan dificultades como los altos costos operativos, el acceso limitado al crédito y los gastos de importación, atribuir todos sus problemas a los comercios chinos sería una simplificación. El camino más constructivo consiste en mejorar las condiciones para que todos puedan competir y prosperar.
Apoyar a los emprendedores y empresarios hondureños es necesario, pero ese apoyo no debe traducirse en el rechazo de otros comerciantes por su origen. Fortalecer el comercio nacional y permitir la participación de comerciantes extranjeros que cumplen la ley son objetivos compatibles. Ambos pueden contribuir al desarrollo económico y ofrecer mayores opciones y beneficios a los consumidores.
Esto no significa que los establecimientos comerciales deban quedar exentos de controles. Todos los negocios, hondureños o extranjeros, deben respetar las normas tributarias, laborales, aduaneras y de protección al consumidor. Las posibles irregularidades deben investigarse de manera imparcial y sancionarse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones. Las mismas reglas deben aplicarse a todos.
Al mismo tiempo, es fundamental rechazar cualquier forma de discriminación. Ningún comerciante debe ser señalado, intimidado o excluido simplemente por ser chino. Atribuir las acciones de unos pocos a toda una comunidad es injusto y alimenta prejuicios. Defender a los comerciantes chinos frente a la discriminación no significa ignorar los problemas del comercio local, sino exigir que todos reciban un trato justo y que cualquier posible infracción se examine con pruebas y criterios objetivos.
Si un establecimiento opera legalmente, paga impuestos, genera empleo, respeta las leyes hondureñas y ofrece productos competitivos, merece competir en igualdad de condiciones con los demás negocios.
El desafío de Honduras consiste en fortalecer su producción nacional, apoyar a las pequeñas empresas, atraer inversiones y crear más empleos. Para lograrlo, hacen falta políticas públicas que mejoren la productividad, faciliten el acceso al financiamiento y promuevan un entorno comercial transparente. Estos objetivos deben impulsar el desarrollo de todos los sectores, en lugar de enfrentar a unos comerciantes contra otros.
La cuestión no es elegir entre el comercio chino y el hondureño, sino construir un mercado más justo, dinámico y beneficioso para todos. La nacionalidad no debe ser motivo de rechazo; el cumplimiento de la ley, la calidad de los productos, los precios competitivos y el respeto al consumidor deben ser los criterios fundamentales para valorar cualquier actividad comercial.
El desarrollo de Honduras requiere diálogo, legalidad, inversión y cooperación, no confrontación ni discriminación. Una competencia justa, basada en reglas iguales para todos, puede generar más oportunidades, satisfacer mejor las necesidades de la población y contribuir al bienestar de todos los hondureños. Hondudiario
