*** La construcción de una nueva cárcel constituye una necesidad dentro de la política criminal del Estado.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que presentará este lunes una moción legislativa para respaldar la búsqueda de recursos destinados a construir un nuevo centro penal en Honduras, aunque todavía no se ha definido el terreno ni la capacidad que tendrá la instalación, tras una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
La delegación hondureña recorrió las instalaciones penitenciarias salvadoreñas y conoció los procedimientos aplicados a reclusos de máxima peligrosidad, con el propósito de identificar medidas que puedan adaptarse al sistema penitenciario hondureño.
El titular del Legislativo sostuvo que la lucha contra las estructuras criminales y las pandillas requerirá ampliar la capacidad carcelaria del país, debido a las capturas que podrían derivarse de las acciones de seguridad y la desarticulación de grupos delictivos en barrios y colonias.
“Eso lo que nos lleva a la a la reflexión de que tenemos que seguir tomando acciones, decisiones, tenemos que respaldar al Instituto Penitenciario y nos llevamos el compromiso de buscar los recursos, los financiamientos, los fondos para la construcción de nuevos centros penales en el país”, dijo Zambrano.
Zambrano indicó que el decreto 84-2026 autoriza al Poder Ejecutivo y a los operadores del Instituto Nacional Penitenciario a gestionar recursos y financiamiento para construir un nuevo centro penitenciario, y la moción prevista busca reforzar el respaldo del Congreso a esa iniciativa.
El presidente del Legislativo anunció que convocarán para el martes a representantes de las secretarías de Finanzas, Seguridad y Defensa, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional Penitenciario, con el fin de analizar las opciones de financiamiento e identificar el sitio donde podría edificarse el nuevo recinto.
No obstante, Zambrano precisó que todavía no existe una decisión sobre la ubicación ni la capacidad del centro, aunque las autoridades han identificado terrenos que pertenecen al Estado y otros vinculados con la Secretaría de Seguridad, donde ya existen construcciones e inversiones que podrían aprovecharse para reducir costos.
Las autoridades penitenciarias deberán determinar si el nuevo establecimiento tendrá capacidad para 5,000, 6,000 o 10,000 privados de libertad, además de definir los diseños, las necesidades de infraestructura y el monto de los recursos que requerirá la obra.
La construcción de una nueva cárcel constituye una necesidad dentro de la política criminal del Estado y el Congreso respaldará las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, junto con las inversiones que el país debe mantener en áreas como educación y salud, según expuso Zambrano. OB/Hondudiario
