*** Rivera Callejas rechazó que el requerimiento contra Luis Redondo sea una persecución política y pidió respetar el debido proceso.
El diputado del Partido Nacional Antonio Rivera Callejas, descartó que el requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente responda a una persecución política, y sostuvo que el proceso debe desarrollarse con apego a la ley y respeto al derecho legítimo a la defensa de los imputados.
El legislador mencionó que los señalados deben contar con todas las garantías legales y ejercer su derecho a la defensa, recordando que toda persona debe considerarse inocente hasta que exista una sentencia definitiva en su contra, además sostuvo que la extinta Comisión Permanente no debía reunirse mientras el Congreso Nacional permanecía en sesiones ordinarias.
“Entonces todos los hechos fueron actos públicos de conocimiento público que no podía que se reunía y que ordenaba actos totalmente ilegales en contra de la democracia en contra del país en contra del orden constitucional”, mencionó.
Callejas apuntó que el carácter político de las actuaciones no exime de responsabilidad si estas constituyen posibles ilegalidades, además que la justicia debe de garantizarle a todos los imputados el derecho a la legítima defensa.
“No, esto no es una persecución política en lo más mínimo, hace poco escuchaba yo decir del compañero de él Melvin Ceballos, miren Melvin Ceballos si fue a dar información con los colectivos de libre a no permitir la entrega de los oferentes del TREP es decir no permitieron que la gente que venían desde afuera del país”, sostuvo.
En las últimas horas, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente, incluidos algunos diputados actuales, noticia que solo había trascendido en medios y sin confirmación oficial.
Duarte indicó que el expediente ingresó esta mañana a la Secretaría General de la CSJ y que, entre los delitos mencionados de forma preliminar, figura la “violación de los deberes de los funcionarios”, aunque aclaró que todavía no dispone del detalle completo de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
El portavoz también confirmó que la magistrada Anny Belinda Ochoa fue designada como jueza natural para conocer el caso, pero precisó que la Secretaría General aún no le ha trasladado oficialmente el expediente debido a que el pleno de la Corte se encuentra reunido para discutir una opinión que será remitida al Congreso Nacional. ED/Hondudiario
