*** Ambos exfuncionarios enfrentan imputaciones adicionales a las del resto de los acusados.
El abogado y analista Kenneth Madrid advirtió que el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la exsecretaria de ese poder del Estado, Luz Angélica Smith, podrían enfrentar prisión preventiva por la cantidad y naturaleza de los delitos imputados en el caso de la exComisión Permanente, debido a que la acumulación de penas y la gravedad de los hechos podrían influir en las medidas que determine la jueza designada para conocer la causa.
Ambos exfuncionarios enfrentan imputaciones adicionales a las del resto de los acusados, entre ellas un delito de falsificación atribuido a Smith, situación que podría complicar su panorama judicial si la jueza considera que existe riesgo de que no comparezcan al juicio oral.
“Ellos sí podrían tener una situación un poco complicada, porque el juez valoraría la cantidad de delitos imputados y si la acumulación de las penas ya sobrepasan los 5 años”, comentó.
El analista indicó que los demás imputados podrían recibir medidas cautelares como arresto domiciliario, prohibición de salir del país o suspensión del cargo, aunque la detención provisional implicaría privación de libertad y podría cumplirse en un batallón para resguardar la vida de los acusados.
Una vez concluida la declaración indagatoria, el Código Procesal Penal establece la aplicación de medidas provisionales y la audiencia inicial debe desarrollarse en un plazo máximo de seis días después de la resolución correspondiente.
Por otro lado, aclaró que la inmunidad parlamentaria protege a los diputados en el ejercicio de la función legislativa, particularmente durante el proceso de promulgación de leyes, pero no ampara actuaciones que invadan las competencias de otros órganos constitucionales ni decisiones que sobrepasen las atribuciones de una junta directiva y desobedezcan la voluntad mayoritaria del Congreso Nacional.
Madrid detalló que la violación de los deberes de los funcionarios contempla una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos de tres a seis años, la usurpación de funciones establece prisión de seis meses a dos años, y las imputaciones adicionales contra Redondo y Smith podrían llevar a la jueza a valorar medidas más restrictivas por la gravedad de los hechos y el riesgo de que no se presenten al juicio oral. OB/Hondudiario
