*** Castellanos pidió evaluar el desempeño de las instituciones de justicia y esperar resultados concretos.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y socióloga, Julieta Castellanos, señaló que las instituciones encargadas de la justicia deben demostrar resultados con los recursos que ya tienen, antes de solicitar más presupuesto, esto con respectos a las reformas aprobadas en el Legislativo de la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
En ese sentido, cuestionó que algunas instituciones soliciten más recursos sin que se evalúen primero los resultados obtenidos con el presupuesto actual, y sostuvo que deben demostrar avances en sus funciones antes de recibir mayores asignaciones económicas.
“Digamos obviamente, ninguna institución tiene dinero suficiente, pero todas tienen que dar algún resultado con el dinero que ya tienen, y en ese sentido lo que habría que ver es qué están haciendo y qué resultados están teniendo con el dinero que ya tienen”, sostuvo.
De igual manera, indicó que será necesario observar cómo las instituciones utilizan las facultades especiales que les han sido otorgadas y que los políticos den seguimiento a los resultados para determinar si se requieren correcciones o mejoras en las medidas adoptadas.
Asimismo, la socióloga, recordó que Honduras pasó de una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2005 a un máximo de 85, mientras que actualmente ronda los 25, por lo que han surgido otras modalidades delictivas y formas de acumulación ilícita de dinero, por lo que dijo que esperará resultados concretos de las medidas adoptadas antes de emitir una valoración.
En las últimas horas, el Congreso Nacional aprobó este martes, con dispensa de dos debates, la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, orientada a endurecer las penas de cárcel contra las estructuras criminales en Honduras.
La normativa establece penas de 30 a 40 años de prisión para los integrantes de estas organizaciones, ahora consideradas terroristas, y condenas de 40 años hasta prisión a perpetuidad para sus cabecillas, directivos, promotores y financistas. ED/Hondudiario
