*** Lafosse también cuestionó las demoras en la impartición de justicia.
La abogada y miembro de Defensores de Honduras, Ruth Lafosse, exigió que se deduzcan responsabilidades a los funcionarios que infringen la ley, sin importar si se trata de diputados, presidentes o alcaldes, y pidió a la Corte Suprema de Justicia evitar retrasos en la impartición de justicia.
La aplicación de la ley debe alcanzar por igual a diputados, presidentes y alcaldes, sin excepciones, como condición para recuperar el Estado de derecho y evitar que las actuaciones de los funcionarios queden sin consecuencias jurídicas.
“Urgente y de necesidad. No se puede recuperar un estado de derecho desquebrajado como el que está, si no se deduce responsabilidades. Eso es definitivo. La Corte Suprema tiene que tener claro eso”, dijo la abogada.
Lafosse también cuestionó las demoras en la impartición de justicia y advirtió que los procedimientos jurisdiccionales no deben convertirse en mecanismos para prolongar deliberadamente los procesos, especialmente cuando existen responsabilidades pendientes de establecer.
“Y que no esperamos una justicia tampoco retardada o que se acomode a las a los procedimientos jurisdiccionales que se utilizan de manera abusiva para hacer un retraso de la impartición de justicia. Hay 1000 formas de corromper la justicia, no necesariamente con un veredicto que diga que le sobresea y que aquí no hay responsabilidad”, comentó.
La abogada también pone en discusión las tardanzas que considera intencionales en determinados expedientes, una práctica que puede afectar la aplicación de justicia incluso sin una resolución judicial que exonere directamente a los señalados.
El caso de los periodistas por presunto abuso de poder frente a la libertad de expresión figura entre los ejemplos mencionados, con cuestionamientos sobre la demora en el avance de esos procesos y la necesidad de evitar que el retraso judicial impida establecer responsabilidades.
Las declaraciones de la abogada tienen relación a que la audiencia de declaración de imputados contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional terminó suspendida tras la presentación de cuatro recursos de recusación contra la jueza natural, Anny Ochoa, por presunto conflicto de intereses, una acción de la defensa que dilatará el proceso judicial relacionado con las actuaciones de ese órgano legislativo durante el período 2022-2026.
El proceso judicial contra exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional incluye al expresidente legislativo Luis Redondo y contempla presuntos delitos vinculados con el ejercicio de funciones públicas, entre ellos usurpación de funciones, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos y perturbación ilícita del funcionamiento institucional. OB/Hondudiario
