*** Castellanos pidió que los operativos contra el crimen se ejecuten con firmeza, transparencia y respeto a los derechos humanos.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, pidió este lunes, que las acciones policiales contra las estructuras criminales se desarrollen con firmeza, pero en estricto apego a los derechos humanos y al debido proceso, recalcando que la seguridad debe garantizarse sin vulnerar las garantías constitucionales de las personas detenidas.
Recordó que el reciente operativo policial en Cortés y Yoro, que dejó más de una veintena de presuntos integrantes de estructuras criminales y pandillas capturados, responde a la necesidad de recuperar el orden público y brindar seguridad a una población afectada por la extorsión, los homicidios y la violencia.
“Durante demasiado tiempo, ambas regiones han sufrido los efectos de la violencia y el control territorial ejercido por estructuras criminales. Pequeños empresarios, transportistas y familias trabajadoras han tenido que convivir con un impuesto criminal invisible; y, en este contexto, la intervención contundente de la policía no solo es legítima, sino éticamente exigible”, subrayó.
La directora del CNA consideró que las acciones de seguridad requieren una respuesta estatal efectiva, sostenida y coordinada, que vaya más allá de operativos policiales aislados y permita obtener resultados concretos en la reducción de la criminalidad.
“Las redadas y detenciones masivas deben coexistir en un entorno de legalidad, porque solo de esa forma enviarán una señal inequívoca de que la impunidad no puede ser la norma. Para que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones, es vital que las fuerzas del orden actúen con decisión táctica y capacidad operativa, desarticulando los centros neurálgicos de operación de estas organizaciones delictivas”, analizó.
Sostuvo que respaldar una política de seguridad firme no implica dejar de lado los principios republicanos ni las obligaciones constitucionales del Estado, que el combate a la criminalidad debe desarrollarse en conjunto con el respeto a los derechos humanos y la transparencia de las autoridades, apuntando que ambos principios son fundamentales para garantizar una seguridad genuina.
“Cualquier operación policial y su posterior persecución penal deben estar sujetas a un riguroso apego al debido proceso. La persecución penal en Honduras no puede caer en la trampa de la improvisación ni en la tentación del autoritarismo operativo. Cada una de las personas detenidas debe enfrentar una investigación científica e imparcial”, zanjó. ED/Hondudiario
