*** La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que la seguridad y los derechos humanos son complementarios.

El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, reaccionó luego de un comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que hablaron sobre las reformas penales, en el que el líder del Legislativo dijo que analizarán sus recomendaciones.
“En el Congreso Nacional recibimos con respeto el comunicado de la OACNUDH. Analizaremos sus recomendaciones con apertura, y acogeremos las que ayuden a combatir a los terroristas, crimen organizado y la delincuencia común. Coincidimos en algo esencial: el Estado tiene la obligación de proteger al pueblo hondureño y dar justicia a las víctimas”, posteó en sus redes sociales.
Agregó que: “Nuestro único propósito, junto al Gobierno de la República, es someter a las organizaciones criminales que durante décadas han sometido al pueblo hondureño. Maras, pandillas y bandas delincuenciales han sembrado terror en barrios y colonias, aldeas y caseríos, y han privado a miles de familias de vivir y trabajar en paz. ¡Basta!”.

Sostuvo que las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, pero privilegian a los hondureños honrados que trabajan y no delinquen. Por lo tanto, primero son los buenos.
“Las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, pero privilegian a los hondureños honrados que trabajan y no delinquen. Primero los buenos, primero las víctimas, primero los más vulnerables”, subrayó.
Más temprano, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), pidió este jueves, revisar las reformas penales aprobadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado, advirtiendo que algunas de sus disposiciones podrían vulnerar garantías fundamentales, limitar libertades y generar riesgos de detenciones arbitrarias.

Expresaron su preocupación por las reformas penales aprobadas mediante los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, en el marco de la lucha contra el crimen organizado, especialmente por las disposiciones relacionadas con el delito de asociación terrorista, aunque reconoció los desafíos de violencia, extorsión y criminalidad que enfrenta Honduras, recordó que las medidas de seguridad deben ajustarse a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
“Se advierte que el conjunto de medidas aprobadas incorpora restricciones excepcionales a derechos fundamentales que se asemejan a un estado de excepción sin una declaratoria formal, afectando de manera desproporcionada a grupos vulnerables (mujeres, niñez) y generando riesgos en contextos de protesta social y defensa de derechos humanos”, indicaron.
Entre los principales riesgos, la OACNUDH señaló que las disposiciones sobre asociación terrorista podrían afectar la presunción de inocencia, la responsabilidad penal individual y la libertad personal, especialmente al considerar tatuajes o características físicas como indicios, advirtió que permitir allanamientos sin revisión o control judicial posterior debilita las garantías contra actuaciones arbitrarias y la inviolabilidad del domicilio.

Como parte de sus recomendaciones, instó a implementar un Registro Central de Personas Detenidas, público y accesible, para prevenir desapariciones forzadas, así como garantizar que el Ministerio Público conduzca y supervise de manera efectiva las investigaciones penales.
Asimismo, pidió fortalecer la Defensa Pública para garantizar asistencia legal y acceso permanente al habeas corpus, dotar de recursos al CONADEH y al CONAPREV para supervisar la actuación estatal, asegurar una clasificación individualizada de los privados de libertad y establecer mecanismos de control y sanción para agentes de seguridad que incumplan sus funciones. AB/Hondudiario
En el Congreso Nacional recibimos con respeto el comunicado de la OACNUDH. Analizaremos sus recomendaciones con apertura, y acogeremos las que ayuden a combatir a los terroristas, crimen organizado y la delincuencia común. Coincidimos en algo esencial: el Estado tiene la obligación de proteger al pueblo hondureño y dar justicia a las víctimas.
Nuestro único propósito, junto al Gobierno de la República, es someter a las organizaciones criminales que durante décadas han sometido al pueblo hondureño. Maras, pandillas y bandas delincuenciales han sembrado terror en barrios y colonias, aldeas y caseríos, y han privado a miles de familias de vivir y trabajar en paz. ¡Basta!
Las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, pero privilegian a los hondureños honrados que trabajan y no delinquen. Primero los buenos, primero las víctimas, primero los más vulnerables.
¡Vamos con todo contra criminales y terroristas para devolver la paz y tranquilidad a Honduras!
— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) November 12, 2026



