*** Castellanos pidió prestar atención a las observaciones de Naciones Unidas sobre posibles riesgos para los derechos y las garantías constitucionales.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, pidió este lunes, el atender las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los riesgos que podrían representar las recientes reformas penales para las garantías constitucionales y los derechos fundamentales en Honduras.
“La advertencia emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre las recientes reformas penales aprobadas en Honduras no es un mero trámite diplomático ni una injerencia externa; constituye una alerta frente al debilitamiento de las garantías que sostienen el Estado de derecho”, expuso Castellanos.
Además, desde la sociedad civil Castellanos sostuvo que el país ha enfrentado durante décadas problemas de violencia estructural, extorsión y abandono estatal, advirtió que combatir el crimen organizado mediante el debilitamiento de las garantías constitucionales podría sustituir el temor provocado por las pandillas por situaciones de arbitrariedad estatal.

Señaló que las autoridades han defendido estas medidas como parte de los esfuerzos para combatir las estructuras criminales que afectan al país, advirtió que las reformas impulsadas desde las autoridades policiales, podrían establecer restricciones que, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se asemejan a facultades propias de un estado de excepción, sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.
“En un país profundamente desigual, ¿quiénes estarán más expuestos a los efectos de esta discrecionalidad policial y judicial? No necesariamente los grandes financistas del narcotráfico ni los operadores políticos de cuello blanco que históricamente han logrado evadir la justicia, sino los jóvenes de sectores excluidos, cuya sola apariencia bastará para condenarlos a la prisión preventiva automática en módulos de máxima seguridad, sin revisión judicial individualizada”, sostuvo.
Castellanos expuso que las reformas plantean riesgos relacionados con los allanamientos sin suficiente control judicial, la ampliación a 48 horas del plazo de detención antes de presentar a una persona ante un juez y posibles limitaciones al acceso efectivo al hábeas corpus, que estas disposiciones podrían propiciar detenciones arbitrarias y malos tratos, además de generar condiciones que dificulten la rendición de cuentas de los funcionarios y agentes de seguridad. ED/Hondudiario



