***Argueta garantizó “la limpieza” con que ha desempeñado el cargo por más de cinco años.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, rechazó todo señalamiento de corrupción en dicho poder del Estado u negó haya estado al servicio del expresidente Juan Orlando Hernández.
En ese sentido, en su intervención en el programa 30/30 de Televicentro, negó que el Supremo hondureño sea corrupto como denuncian algunos sectores y políticos.
Sin embargo, aceptó que existen “casos aislados” de algunos jueces que se salen de la regulación legal y ética, pero que se han entablado acciones y las mismas enviadas a la Fiscalía hondureña.
“Hemos recibido muchas denuncias contra empleados del Poder Judicial y a través de la Supervisión de Tribunales hemos desplegado las investigaciones administrativas para deducción disciplinaria. En este alrededor de seis años hemos sancionado 500 empleados en acreditaciones de irregularidades que van desde llamados de atención hasta la suspensión del cargo”, sostuvo.
El funcionario explicó que la descalificación de los jueces se da por usuarios del sistema que no quedan conformes con las decisiones judiciales, igualmente por situaciones de carácter político-ideológico, entre otros, al tiempo que garantizó “la limpieza” con que ha desempeñado el cargo por más de cinco años.
“Hemos intentado llevar con celeridad, con transparencia y con calidad cada una de las decisiones que ha llegado a nuestro escritorio. En materia de extradiciones -por ejemplo- tenemos cero moras”, añadió.
Sobre la gestión durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, el magistrado presidente negó nuevamente que ese poder estuvo al servicio del exmandatario.
“Tenemos independencia, lo hacemos con objetividad y tengo incluso documentación que acredita que muchas de las mociones que se llevaron a cabo en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nosotros nos opusimos de manera verbal a decisiones importantes”, aseveró.
Ejemplificó que se opuso a un préstamo de 4 mil millones de lempiras para la Tasa de Seguridad en febrero de 2021, asimismo a seguir alquilando por cinco meses más a un monto de 27 mil dólares mensuales el edificio donde funcionaba la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), ya que éstos abandonaron el país en enero y se pretendía extender el contrato de arrendamiento hasta junio de 2020.
También se opuso a la renta de vehículos blindados para funcionarios judiciales, y en iguales términos se pronunció para aprobar de 236 millones de lempiras para el presupuesto anual de la OABI.
Sobre las solicitudes de extradición, indicó que hasta la fecha han recibido 80, con 106 personas reclamadas por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
De las 106 personas requeridas se completaron los procesos de 35, además 37 se entregaron a la justicia norteamericana sin pasar por el procedimiento, cuatro están pendientes de decisión y 30 pendientes con órdenes de captura.
“Cero, ninguna, en ningún momento, de nadie”, respondió a la consulta si se han engavetado solicitudes de extradición.
Agregó que todas las solicitudes de extradición otorgadas han seguido los plazos establecidos en el auto acordado, sin dilaciones ni retardos de ningún tipo. GO/Hondudiario
