*** La institución atribuye la violencia en el Aguán a la disputa histórica por tierras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) urgió al Poder Ejecutivo aprobar el decreto que daría vida a la Comisión de la Verdad en el Bajo Aguán, con el propósito de investigar violaciones a los derechos humanos en esa conflictiva región del país. Desde 2010, los enfrentamientos por la tenencia de tierras han dejado unas 200 personas asesinadas violentamente.
“El CONADEH fue contundente al señalar que los hechos violentos relativos a la tenencia de la tierra y los conflictos agrarios seguirán aconteciendo mientras el Estado no aborde con celeridad y seriedad la problemática”, indica el comunicado divulgado este domingo.
La institución considera que dicha Comisión sería una herramienta eficaz para investigar, esclarecer y reparar las violaciones ocurridas en la zona. No obstante, enfatizó que aún se requiere la firma del decreto enviado a la Presidencia desde mediados de 2024.
En ese contexto, el CONADEH recordó que junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), instituciones estatales y expertos, trabajó en la redacción de una propuesta de Decreto Ejecutivo PCM. La Comisión tendría como función principal investigar los abusos cometidos y contribuir al saneamiento de tierras en el Aguán.
El ente estatal expresó su preocupación ante la postura ambigua del Estado hondureño, que por un lado firmó un convenio en 2022 para instalar una comisión con enfoque de derechos humanos, y por otro creó una Comisión de Seguridad Agraria sin participación de víctimas ni organismos de derechos humanos.
De acuerdo con el CONADEH, esa Comisión de Seguridad ha ordenado desalojos preventivos que aumentan la conflictividad. Según datos del CESPAD, entre junio de 2023 y julio de 2024, se emitieron 36 órdenes de desalojo, de las cuales 33 fueron ejecutadas y 3 suspendidas.
El CONADEH también condenó el asesinato de Héctor Otoniel Hernández, perpetrado el pasado 26 de julio, y el de Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos Rivas, ocurrido el 17 de julio. Las víctimas eran miembros de cooperativas campesinas en la zona.
La institución atribuye la violencia en el Aguán a la disputa histórica por tierras, falta de seguridad jurídica, presencia del crimen organizado, control territorial, impunidad y ausencia de voluntad estatal.
Finalmente, el CONADEH exhortó al Ministerio Público a investigar los crímenes cometidos y dar con los autores materiales e intelectuales, para evitar que queden en la impunidad. OB/Hondudiario
