*** Los ciudadanos (as) que integran del CNE que deben actuar siempre como demócratas servidores del pueblo hondureño y no como instrumentos de partidos políticos ni de ningún otro poder o institución, aplicando siempre, con gran honradez y rectitud, el ordenamiento jurídico electoral conforme a la jerarquía establecida por la Constitución de la República y la Ley Electoral.
Todo atentado, amenaza interna o externa contra la competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le impidan realizar sus actividades administrativas y técnicos para asegurar la legitimidad y transparencia de las elecciones generales del 30 de noviembre, son una violación de la seguridad electoral y en consecuencia de la seguridad nacional del país, señaló el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH),Roberto Herrera Cáceres.
El ombudsman hondureño expresó lo anterior en una entrevista a Hondudiario.com que le preguntó sobre las amenazas que está siendo sometida la consejera presidenta del CNE, Cossette López, como también la consejera Ana Paola Hall, quienes han denunciado las acciones en su contra y que han impedido el cumplimiento del cronograma electoral.
En tal sentido, todo atentado o amenaza interna o externa contra la competencia exclusiva del CNE para efectuar los actos administrativos y técnicos conducentes a asegurar y reforzar la legitimidad y transparencia de las elecciones generales del 30 de noviembre del año en curso, para Herrera Cáceres «Sí; la Seguridad Electoral es parte esencial de la Seguridad Nacional que, en esta materia, consiste en reglas jurídicas, acciones y medidas para la conducta humana que aseguran, de parte de los gobernantes y gobernados, así como de los extranjeros: el respeto, la protección y promoción de la dignidad del ser humano, la soberanía del pueblo y su autodeterminación expresada en el ejercicio del sufragio como un derecho y una función pública de la ciudadanía electoral, en pluralista vida digna en sociedad democrática en el Estado Democrático de Derecho de Honduras».
Agregó además que «toda persona investida o no de autoridad debe cooperar con la evolución democrática del Estado y la seguridad e institucionalidad electoral, sin dar motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Es así que la seguridad nacional protege a la institucionalidad democrática electoral en su funcionamiento para garantizar la soberanía y autodeterminación del pueblo y el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos (as) de Honduras».
«En consecuencia, la seguridad nacional electoral comprende toda la legislación especial, la acciones y medidas necesarias para proteger, de interferencias externas o internas, el funcionamiento legitimo y legal del Consejo Nacional Electoral (CNE); y el proceso transparente y expedito hacia las elecciones generales 2025 y la instalación del nuevo Gobierno 2026», explicó el también analista de la política nacional e internacional.
Herrera Cáceres indicó el porque sólo procesos electorales transparentes, honestos y justos, pueden asegurar la legitimidad y autenticidad de las elecciones que son clave para elegir ciudadanos(as) realmente comprometidos con la buena gestión del Gobierno que la Constitución de la República exige para garantizar democracia pluralista y participativa en Honduras como Estado democrático de Derecho, orientado exclusivamente a dignificar al ser humano, mejorando progresivamente el bienestar y calidad de vida y de trabajo de la hondureñidad».
Detalló que de ahí el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea el órgano especial, independiente y autónomo, «sin relación de subordinación a ninguno de los poderes e instituciones del Estado, cuya organización, funcionamiento, sistemas y procesos son de seguridad nacional. En esa virtud, los principales responsables del legítimo y legal funcionamiento de los organismos electorales son los ciudadanos (as) que integran del CNE que deben actuar siempre como demócratas servidores del pueblo hondureño y no como instrumentos de partidos políticos ni de ningún otro poder o institución, aplicando siempre, con gran honradez y rectitud, el ordenamiento jurídico electoral conforme a la jerarquía establecida por la Constitución de la República y la Ley Electoral».
Señaló que la seguridad nacional obliga y sujeta a todas las autoridades (incluyendo a la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público) tanto en el ámbito legal como en el político, a respetar, proteger y colaborar con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral.
Asimismo agregó que la Declaración Universal sobre la Democracia proclama que el elemento clave del ejercicio de la democracia es la celebración a intervalos periódicos de elecciones libres y justas, que permitan la expresión de la voluntad popular, de modo que la ciudadanía electora pueda elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, apertura y transparencia. «Por ello, debe protegerse esmeradamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos en particular los derechos a votar y a ser elegidos, a la libertad de expresión y reunión, al acceso a la información y a la realización de actividades políticas», puntualizó.
«Todo ello debe hacerse y lograrse por seguridad nacional, conforme a todo lo previsto y ordenado, en particular en lo que concierne a los derechos humanos de las personas, y a los deberes y responsabilidades regulados en la Constitución de la República, la Ley Electoral, el Código de Conducta Ética del Servidor Público, y el Código Penal», concluyó el doctor Herrera Cáceres. MO/Hondudiario
