*** El departamento de los Estados Unidos emitió un informe del pasado 2024 que Honduras no mejora en temas de derechos humanos y el presente 2025 continúa peor.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitió un informe sobre las prácticas de los derechos humanos, libertad de prensa, salud, trabajo entre otras cosas donde señalaron que Honduras no ha tenido ningún cambio significativo durante el pasado 2024 y no se prevé que en este 2025 vaya a cambiar la situación.
Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes creíbles sobre ejecuciones arbitrarias o ilegales, desapariciones, torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, arrestos o detenciones arbitrarios y graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluidas amenazas contra miembros de los medios por parte de elementos criminales
El gobierno adoptó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero la insuficiencia de recursos judiciales, un sistema judicial débil, la interferencia política y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas.
Grupos criminales, incluyendo pandillas locales y transnacionales, y narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de crímenes violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, empresarios, periodistas, blogueros, mujeres, sindicalistas y otras poblaciones vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada.
Libertad de prensa
La ley preveía la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, con algunas restricciones, y el gobierno, en general, respetó este derecho. Si bien muchos medios de comunicación tenían afinidades políticas, la prensa y las normas democráticas imperantes se combinaron para promover la libertad de expresión, incluso para los periodistas. Algunos propietarios de medios de comunicación señalaron que se les excluía de eventos oficiales y se les impedía recibir ingresos por publicidad oficial como represalia por su presunta cobertura periodística antigubernamental.
Altos representantes del gobierno criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios percibidos como críticos con el gobierno. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que estas declaraciones tuvieron un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), reportó dos casos de restricciones al derecho de expresión por parte de las fuerzas de seguridad y otro caso relacionado con amenazas o acoso contra periodistas y comunicadores sociales por parte de funcionarios gubernamentales. La Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia reportó dos casos de amenazas contra periodistas.
Ataques físicos, encarcelamiento y presión
Periodistas y otros miembros de la sociedad civil denunciaron que se autocensuraron por temor a críticas, acoso y represalias por parte del gobierno y sus simpatizantes. Otros denunciaron actos directos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios o simpatizantes del gobierno por criticar al gobierno. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de investigación adecuada por parte del gobierno de las amenazas y los incidentes de violencia. El Conadeh reportó dos casos de agresiones violentas y dos casos de violencia y difamación contra periodistas y comunicadores sociales.
La comunicadora social Magaly Zelaya Ferman fue agredida por fuerzas de seguridad mientras informaba sobre un bloqueo de carreteras durante una protesta en septiembre.
Censura por parte de gobiernos, fuerzas militares, de inteligencia o policiales, grupos criminales o grupos extremistas o rebeldes armados
Los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales (ONG) afirmaron que la prensa se autocensuró por temor a represalias de grupos criminales o narcotraficantes, o a críticas de funcionarios gubernamentales. Los medios también recurrieron a la autocensura para evitar perder lucrativos contratos publicitarios con el gobierno.
El 13 de marzo, el ministro de Seguridad criticó a una importante ONG por sus constantes informes sobre el estado del país y el impacto de las decisiones políticas del gobierno, y anunció que el gobierno había abierto una investigación sobre la ONG y la validez de su estatus como ONG.
Algunos periodistas y otros miembros de la sociedad civil denunciaron amenazas por parte de miembros de grupos criminales. No quedó claro cuántas de estas amenazas estaban relacionadas con la profesión o el activismo de las víctimas. Varias redes sociales anónimas criticaron a periodistas (así como a activistas y organizaciones de la sociedad civil) que criticaban al gobierno o a las políticas de los partidos de oposición.
Seguridad y salud en el trabajo
Las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) eran adecuadas para las principales industrias del país, y los expertos en SST identificaron proactivamente las condiciones inseguras, además de responder a las quejas de los trabajadores.
Por ley, los trabajadores podían retirarse de situaciones que pusieran en peligro su salud o seguridad sin comprometer su continuidad laboral. Según la ley de inspección, el Ministerio de Trabajo tenía la facultad de cerrar temporalmente los lugares de trabajo donde existiera un peligro inminente de muerte. La aplicación de las normas de SST fue especialmente deficiente en los sectores de la construcción, la confección y la agricultura, así como en la economía informal. AB/Hondudiario
