*** Por tercera ocasión se suspendió la audiencia preliminar contra tres de los supuestos autores materiales del asesinato.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a esclarecer el asesinato del defensor ambiental Juan López e investigar las violaciones a los derechos humanos y daños ambientales asociados, mientras que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció que, a once meses del crimen, “la justicia sigue incompleta” y criticó la falta de acusaciones contra los autores intelectuales.
OACNUDH subrayó la importancia de investigar “las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades y los impactos ambientales generados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos ‘Carlos Escaleras Mejía’”, destacando que solo mediante indagaciones “expeditas, exhaustivas, imparciales y diligentes” y la sanción de los responsables se podrá garantizar el derecho a la verdad y a la justicia para López, las víctimas y las comunidades afectadas.
En el marco de este llamado internacional, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa recordó que ya han transcurrido once meses desde el crimen sin que se haya hecho justicia completa. La organización denunció que “la justicia sigue incompleta” y que el Estado de Honduras no ha formulado acusaciones contra los autores intelectuales, a pesar de que el Ministerio Público cuenta (según aseguran) con pruebas suficientes para proceder.
El Comité vinculó el asesinato de López con su firme oposición a proyectos extractivos del Grupo Emco que, según advirtieron, amenazan a las comunidades de Tocoa. Señalaron que su lucha incluía la restauración del Parque Nacional Carlos Escaleras, cuyos ecosistemas estarían en riesgo por la actividad minera, y que exigía la implementación efectiva del Decreto 18-2024 para proteger esa área protegida, una medida que, hasta ahora, afirman, las autoridades no han aplicado de manera real ni efectiva.
En este contexto, el Comité subrayó que las personas defensoras del Aguán, incluido López, contaban con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde antes del crimen. Sin embargo, acusaron al Estado de Honduras de incumplir su obligación de garantizar la seguridad de quienes defienden derechos humanos, dejando en evidencia una “negligencia y falta de compromiso” que expone a más personas a riesgos similares.
La exigencia de justicia integral incluye, según el Comité, cuatro puntos clave: la presentación inmediata de requerimientos fiscales contra los autores intelectuales, un proceso judicial transparente, protección efectiva y cumplimiento de las medidas cautelares vigentes, así como la implementación plena del Decreto 18-2024. “No descansaremos hasta que se haga justicia completa: autores materiales e intelectuales tras las rejas”, remarcaron.
A nivel judicial, el caso enfrenta nuevos retrasos. Por tercera ocasión se suspendió la audiencia preliminar contra tres de los supuestos autores materiales del asesinato: Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía. La sesión fue reprogramada para el jueves 21 de agosto a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa, que argumentó la necesidad de analizar el informe pericial preliminar de 48 teléfonos incautados.
Estos acusados fueron detenidos a inicios de octubre de 2024, tras las investigaciones iniciales sobre el asesinato perpetrado en septiembre de ese año.
El caso de Juan López, líder ambiental de reconocida trayectoria en la defensa de la tierra y los recursos naturales, se ha convertido en símbolo de la lucha contra la impunidad en crímenes contra defensores en Honduras. A medida que se acerca el primer aniversario de su muerte, las demandas por verdad y justicia se intensifican tanto en el ámbito nacional como internacional. OB/Hondudiario
