*** La organización también reportó la captura, en Caracas, de la abogada Rusbelia Astudillo, activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).
Las recientes detenciones en Venezuela de personas vinculadas a organizaciones sindicales y de derechos humanos representan para el coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, un “ataque sistemático” contra el derecho a la asociación y una política de “persecución” hacia la opinión crítica que, advierte, puede afectar también a aquellos que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro.
“Pareciera que el Gobierno está pasando del ataque sistemático que ha venido teniendo contra el activismo político a un ataque ahora sistemático contra los activistas sociales, como parte de una política de Estado de persecución a todo lo que sea una opinión crítica”, señaló Alvarado, en una entrevista con EFE.
Denuncias
A mediados de agosto, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención “arbitraria” del profesor y dirigente sindical Roberto Campero, tras un presunto “allanamiento ilegal” a su vivienda en el estado Aragua (norte).
La organización también reportó la captura, en Caracas, de la abogada Rusbelia Astudillo, activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).
El 8 de agosto pasado, organizaciones denunciaron la detención de la activista Martha Grajales, luego de que participara en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de los presos políticos que fueron agredidos cuando hacían una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la revisión de los casos de sus parientes.
Tras pronunciamientos de distintos sectores a nivel nacional e internacional, como la ONU y las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina), Grajales fue excarcelada con medidas cautelares. EFE
