*** Durante las manifestaciones pacíficas se registraron “actos de represión” por parte de la Policía.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) anunció que iniciará diligencias investigativas tras la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) contra miembros de la Policía Nacional, en el marco de recientes protestas del gremio de salud.
La titular del organismo, Blanca Izaguirre, explicó que, de encontrarse indicios de violaciones a los derechos humanos constitutivas de delito, el caso será remitido al Ministerio Público, entidad que, recordó, “tiene el monopolio de la acción pública penal”.
La queja fue presentada por el abogado José María Díaz, representante legal de la ANEEAH, quien acudió a las instalaciones del Conadeh acompañado de un grupo de enfermeras. El profesional del derecho solicitó que se le diera seguimiento a denuncias previas relacionadas con incumplimiento de pagos, audiencias de descargo y despidos que consideran injustificados por parte de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con Díaz, durante las manifestaciones pacíficas se registraron “actos de represión” por parte de la Policía, lo que a su juicio vulneró derechos fundamentales como la libre reunión y la protesta pacífica. Además, insistió en que al reclamo laboral se suma la falta de cumplimiento de lo pactado con las autoridades de salud.
La defensora del Pueblo subrayó que el Protocolo de Quejas del Conadeh obliga a recabar información de la Secretaría de Seguridad sobre lo sucedido y, con base en ello, emitir recomendaciones pertinentes. Señaló que, si los hechos derivan en lesiones o agresiones graves, se debe trasladar el expediente al ente acusador.
Izaguirre lamentó que la Policía Nacional sea uno de los entes “más denunciados por violentar los derechos humanos”, pese a que debería ser garante de la seguridad ciudadana. “Con mucho pesar lo digo, porque la policía es el ente en el que deberíamos confiar, pero lamentablemente no es así”, declaró.
Incluso, agregó, personal del propio Conadeh ha sido afectado por actuaciones policiales. En el marco del estado de excepción vigente, las quejas por abusos y violaciones de agentes de seguridad se han vuelto más frecuentes, alcanzando más de mil siete casos atendidos desde diciembre de 2022.
En cuanto al papel de colectivos vinculados al partido oficialista Libre en la crisis del sector salud, Izaguirre sostuvo que lo que se evidencia es “falta de gobernabilidad y de compromiso” por parte de quienes dirigen las instituciones públicas. A su juicio, se asumen obligaciones que no se cumplen, lo que genera un deterioro en la confianza y en el respeto a los derechos laborales.
Finalmente, recordó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la población, lo que incluye el derecho al trabajo, a una remuneración justa y a que el personal sanitario desempeñe sus funciones en condiciones dignas. “El Estado está en su posición de garante”, concluyó la defensora del Pueblo. OB/Hondudiario
