Declaración de Welch sobre Honduras
Declaración del senador Peter Welch publicada en el Registro del Congreso
el 4 de septiembre de 2025
Señor Presidente, el 30 de noviembre el pueblo de Honduras elegirá a su próximo presidente y a los miembros del Congreso Nacional. Hay mucho en juego. Estoy profundamente preocupado tanto por la integridad de las elecciones como por los persistentes problemas de corrupción e impunidad en el país.
Dado el historial de elecciones fraudulentas en Honduras y la incapacidad del gobierno actual para tomar medidas que garanticen la libertad, la justicia y la transparencia de las próximas elecciones, corresponde a la Organización de los Estados Americanos, a Estados Unidos y a otras partes interesadas brindar el apoyo y los observadores necesarios para mitigar las oportunidades de fraude. Todos los candidatos deben poder competir de forma segura y justa, y se debe garantizar al pueblo hondureño la oportunidad de emitir su voto de forma segura y sin intimidación.
Lamentablemente, ya existen motivos para cuestionar el compromiso del gobierno de proteger la integridad del proceso electoral. Según informes, la Fiscalía General de Honduras ha actuado cada vez más para influir y socavar la autonomía del Consejo Nacional Electoral, piedra angular de unas elecciones libres y justas. La Fiscalía tampoco ha investigado denuncias creíbles de intimidación política, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la imparcialidad del Consejo.
El 16 de julio de 2025, la consejera Ana Paola Hall renunció, alegando intensa presión política y amenazas contra ella y su familia. La salida de Hall deja solo dos consejeras y pone de relieve el problema general de la intimidación política contra funcionarios electorales, lo cual pone en peligro el funcionamiento del Consejo.
Además, según se informa, el gobierno no ha implementado el sistema de transmisión de los resultados electorales, destinado a garantizar la información transparente y oportuna de los mismos, lo que aumenta el riesgo de disputas posteriores a las elecciones.
Estos preocupantes acontecimientos socavan la confianza pública y refuerzan aún más el papel de la sociedad civil hondureña en la preparación y supervisión de la imparcialidad de las elecciones. La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia y el Movimiento Indignados son ejemplos de organizaciones que han trabajado durante años para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de derecho en Honduras.
También quiero llamar la atención, una vez más, sobre las continuas amenazas y violencia contra miembros de las comunidades de Guapinol, Tocoa y otras de la región del Bajo Aguán en Honduras. Esto constituye un preocupante recordatorio de la urgente necesidad de contrarrestar el legado corrupto y abusivo del expresidente Juan Hernando Hernández. Hernández cumple una condena de 45 años en una prisión estadounidense, pero el pueblo hondureño sigue siendo víctima de su legado violento y de la incapacidad de su sucesor para combatir la corrupción arraigada en Honduras y para tomar las medidas necesarias para acabar con la impunidad.
Muchos valientes activistas y periodistas hondureños han sido atacados y asesinados simplemente por exponer la verdad y resistirse a acciones ilegales. Ha transcurrido un año desde el asesinato del activista ambiental hondureño Juan López, una de las muchas víctimas de la violencia de las autodefensas. El Sr. López fue encarcelado y procesado injustamente por denunciar a funcionarios corruptos que buscan lucrarse con una mina de óxido de hierro a cielo abierto y el Proyecto Termoeléctrico Ecotek.
Además del Sr. López, se han producido otros seis asesinatos de defensores del agua de Guapinol. Nadie ha sido procesado ni sancionado por estos crímenes, ni por los asesinatos de otros defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras.
Juan López, al igual que Berta Cáceres, cuyo asesinato en 2016 estuvo vinculado a funcionarios de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico al que ella y otros de su comunidad indígena se opusieron, fue un valiente defensor del medio ambiente y de los derechos del pueblo hondureño.
Tras el asesinato del Sr. López el año pasado, insté al gobierno hondureño a adoptar varias medidas de inmediato en respuesta al patrón de violencia: solicitar una comisión internacional de expertos para apoyar la investigación de la fiscalía hondureña, garantizar que la investigación del asesinato del Sr. López sea exhaustiva e imparcial; proteger a los defensores de derechos humanos en riesgo en la región del Bajo Aguán; e investigar los abusos y la corrupción denunciados por Juan López y el patrón de violencia contra los defensores de Guapinol.
Hasta donde sé, ninguna de esas medidas se ha tomado. El gobierno de Castro tampoco ha cumplido su promesa de campaña de apoyar la creación de una comisión internacional para combatir la corrupción y la impunidad.
Como resultado de ello, la impunidad por estos crímenes y los ataques vitriólicos contra organizaciones no gubernamentales por parte de funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno han continuado.
Señor Presidente, mi estado, Vermont, y Honduras han sido socios desde 1966, tan solo dos años después de la fundación de Socios de las Américas. Los habitantes de Vermont siempre han tenido interés en Honduras: su historia, su gente, su cultura y su desarrollo. Un ejemplo de ello es el Programa de Educación Tolupan de Honduras, que organiza viajes de ciudadanos de Vermont y otros voluntarios a pueblos indígenas de Honduras para ayudar a construir bibliotecas comunitarias donde no existen. Los habitantes de Vermont desean que Honduras prospere como una democracia donde la justicia y las oportunidades económicas estén al alcance de todos sus ciudadanos.
Tras ocho años del presidente Hernández y cuatro años del presidente Castro, el pueblo hondureño merece algo mejor. Espero que quien gane en noviembre utilice su cargo para mejorar la vida de la gente, en lugar de enriquecerse. Y espero que los habitantes de las comunidades del Bajo Aguán ya no tengan que vivir con el temor de que empresas poderosas y funcionarios corruptos les roben sus tierras, contaminen sus ríos y los asesinen por defender pacíficamente los recursos naturales que les pertenecen por derecho. PETER WELCH
