*** El TSC trasladó los hallazgos al Ministerio Público para que determine la existencia de responsabilidades penales y para que se proceda a deducir cuentas a quienes resulten implicados en el esquema de desvío de fondos.
Un informe especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó que al menos 58 cheques por un monto superior a 5.1 millones de lempiras fueron desviados en la trama conocida como “cheque video”, mediante la cual se habrían financiado actividades vinculadas a la campaña interna del Partido Libre en las elecciones primarias de marzo pasado.
El documento señala la participación de la diputada Isis Carolina Cuéllar y del exministro de Desarrollo Social, José Cardona.
El organismo auditor estableció que los fondos fueron girados a través del Fondo de Administración Solidaria (FAS), asignado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sin cumplir con el propósito legal de ejecutar obras comunitarias ni beneficiar a pobladores en condiciones de vulnerabilidad. En cambio, se determinó que las ayudas fueron canalizadas a intermediarios con nexos políticos y personales con la diputada Cuéllar.
Según el informe, varios supuestos beneficiarios firmaron documentos y endosaron cheques sin recibir nunca el dinero. En las investigaciones se constató que los recursos eran entregados a terceros, entre ellos colaboradores directos del equipo legislativo de Cuéllar, quienes procedían a cobrar las sumas en las agencias de Banadesa en San Pedro Sula y en el departamento de Lempira.
“Hubo entrega de fondos donde varios de los supuestos beneficiarios exteriorizaron que no recibieron la totalidad del valor correspondiente a la obra social, sino que fueron utilizados para cambiar los cheques de ayuda social recibido en las oficinas de Banadesa y entregar el dinero a la ciudadana Ilssy Baquedano”, detalla textualmente el informe en poder del TSC.
El expediente también señala que el 26 de noviembre de 2024 fueron cambiados 13 cheques en una sola agencia entre las 11:32 de la mañana y las 12:04 del mediodía, y que en fechas posteriores se repitió el mismo mecanismo en grupos organizados. El 27 de noviembre cuatro personas cambiaron sus documentos en menos de 20 minutos, mientras que el 28 de enero de 2025 se registró un patrón similar en otra sucursal de Banadesa.
De acuerdo con el análisis, la ejecución de seis millones quinientos mil lempiras autorizados en mayo de 2023 a petición de la diputada Cuéllar incluyó la emisión de 67 cheques, de los cuales nueve fueron anulados por renuncia de beneficiarios, quedando en circulación 58 títulos que sumaron exactamente 5,106,681.35 lempiras. Estos recursos, según el TSC, fueron desviados con fines distintos a los que manda la ley.
El informe advierte que la ausencia de mecanismos de control, supervisión y monitoreo permitió que las irregularidades pasaran inadvertidas. Señala responsabilidades en la gerencia administrativa de Sedesol, en el comité técnico interno y en el director de monitoreo programático, quienes facilitaron “el uso arbitrario de fondos públicos” y favorecieron un esquema de discrecionalidad.
“En la distribución irregular de fondos públicos, se verificó la existencia de una estrategia sistemática destinada a beneficiar de manera indebida a personas vinculadas políticamente a la diputada Cuéllar, candidatos a cargos de elección popular del partido de gobierno o que mantenían lazos de parentesco y afinidad con la congresista”, concluye el documento.
Además de Cuéllar, el TSC responsabilizó al exministro José Cardona por haber aprobado en octubre de 2023 el reglamento interno del FAS sin publicarlo en el diario oficial La Gaceta, lo que dejó sin marco legal la administración de los recursos. Esa omisión, de acuerdo con la auditoría, favoreció un manejo discrecional del fondo y debilitó la confianza institucional.
El informe subraya que las prácticas detectadas erosionan la credibilidad ciudadana en las instituciones encargadas del desarrollo social y fomentan la cultura de impunidad. El TSC trasladó los hallazgos al Ministerio Público para que determine la existencia de responsabilidades penales y para que se proceda a deducir cuentas a quienes resulten implicados en el esquema de desvío de fondos. OB/Hondudiario
