*** Santos alegó que los tributos que la población entrega a la alcaldía se transformaron en fortunas y en proyectos con fachada de legalidad.
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, valoró como un paso positivo la resolución judicial que ordenó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra diez acusados por el desfalco de 45.5 millones de lempiras en la Municipalidad de San Pedro Sula.
Javier Santos consideró que el proceso judicial que involucra al yerno del alcalde de San Pedro Sula abre camino para exponer la magnitud de la corrupción municipal en las últimas décadas.
“Este caso es solo la punta del iceberg del saqueo que por décadas ha sufrido la Municipalidad de San Pedro Sula”, afirmó Santos.
“Desde 2004, cuando me tocó dirigir investigaciones, hasta hoy, miles de millones han desaparecido, mientras funcionarios y ‘empresarios’ disfrutan del producto de la corrupción bajo el amparo de la impunidad”, zanjó.
El Ministerio Público expuso que la medida de prisión preventiva contra 10 personas es por su participación en el desfalco de 45.5 millones de lempiras de la Alcaldía de SPS, mediante 33 contratos fraudulentos suscritos con empresa Constructora HERCOD.
Santos alegó que los tributos que la población entrega a la alcaldía se transformaron en fortunas y en proyectos con fachada de legalidad. Además, de que los impuestos de los sampedranos no se destinaron al desarrollo de la ciudad sino a inversiones que ocultan el origen ilícito del dinero.
Un juez dictó en las últimas horas auto de formal procesamiento y prisión preventiva a 10 de los 15 imputados en el caso de supuesto fraude en la alcaldía de San Pedro Sula, que involucra al yerno del alcalde Roberto Contreras, confirmó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo.
Castillo detalló que los acusados serán remitidos a la Penitenciaria Nacional de Támara, a la espera de la audiencia preliminar que quedó agendada para el 27 de octubre del presente año, sin perjuicio de que las partes procesales interpongan recurso de apelación.
Según las investigaciones, los empleados municipales y los representantes legales de las otras empresas planificaron adjudicar los 33 contratos a HERCOD, mientras que las demás sociedades únicamente participarían como “relleno”, pues carecían de equipo técnico y del personal para ejecutar los proyectos, y en sus registros de ubicación tenían de casas particulares; algunas incluso figuraban con domicilios en negocios de venta de pollos o en edificios en construcción.
Entre la carga probatoria presentada en audiencia inicial, la Fiscalía reveló que la empresa HERCOD no contaba ni con la maquinaria ni con el personal para ejecutar los proyectos y en las planillas del IHSS solo estaba registrada una empleada, su representante legal. Asimismo, según el testimonio del testigo protegido, desde las cuentas de HERCOD se pagaba la mensualidad de un vehículo que, según se constató, lo usaba el imputado Steve Fajardo. OB/Hondudiario
