*** El cierre del gobierno de Estados Unidos (conocido en inglés como government shutdown) ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo los presupuestos necesarios para financiar las operaciones federales.
La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa desmintió este jueves los rumores que aseguran que un eventual cierre del gobierno estadounidense permitiría el ingreso de migrantes ilegales al país.
La sede diplomática reiteró que no hay ningún cambio en las leyes de inmigración ni en la aplicación de las políticas fronterizas, por lo que cruzar la frontera sin autorización continúa siendo un delito.
En su comunicado, la representación diplomática subrayó que “cualquier rumor de que un cierre del gobierno de EE. UU. permitirá la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos es falso”.
Además, insistió en que la seguridad fronteriza y los mecanismos de control migratorio se mantienen plenamente activos, sin alteraciones por factores administrativos o presupuestarios del gobierno federal.
La embajada enfatizó que las leyes estadounidenses siguen siendo estrictas y que “la seguridad fronteriza y los esfuerzos de aplicación de la ley siguen siendo estrictos y cruzar la frontera sin autorización sigue siendo un delito”.
El mensaje de la embajada coincide con recientes advertencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que ha reiterado su compromiso de reforzar la vigilancia en la frontera sur. El comunicado también forma parte de la campaña permanente del gobierno estadounidense para combatir la desinformación migratoria en la región.
En términos generales, el cierre del gobierno de Estados Unidos (conocido en inglés como government shutdown) ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo los presupuestos necesarios para financiar las operaciones federales.
En ese escenario, muchas agencias gubernamentales deben suspender parcial o totalmente sus actividades, y miles de empleados públicos dejan de trabajar temporalmente sin goce de sueldo. Sin embargo, los servicios esenciales, como el control fronterizo, las fuerzas armadas, los aeropuertos o los hospitales públicos, continúan funcionando bajo personal reducido o con fondos de emergencia.
Este tipo de cierres no implica una parálisis total del Estado, sino una interrupción de las funciones administrativas consideradas no esenciales. La causa principal suele ser la falta de acuerdo político entre el Congreso y el presidente sobre la distribución del gasto federal. Mientras dura el cierre, programas sociales, visas, parques nacionales y procesos administrativos pueden verse afectados, aunque las leyes y políticas (incluidas las migratorias y de seguridad nacional) permanecen vigentes y se siguen aplicando con normalidad. OB/Hondudiario