*** El paquete crediticio que actualmente gestiona el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional implicaría consecuencias negativas, según la economista.
La directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Liliam Rivera, expresó su preocupación ante los intentos de aprovechar la emergencia nacional por las lluvias para impulsar la aprobación de un paquete de préstamos en el Congreso Nacional, una medida que comprometería aún más las finanzas del país.
Rivera calificó como “preocupante y alejado del sentido de solidaridad” que se pretenda utilizar la emergencia provocada por los desastres naturales “para presionar que el Congreso Nacional apruebe un paquete de préstamos”.
En un pronunciamiento escrito que se divulgó en medios, la economista sostuvo que la aprobación del paquete crediticio que actualmente gestiona el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional implicaría consecuencias negativas, ya que comprometería más el futuro de Honduras en “detrimento de las necesidades de la población”, y señaló que tales compromisos financieros deben asumirse con criterios de sostenibilidad.
A la vez, mencionó que otro problema que se suma es el “fantasma latente de la corrupción” de quienes ven en cada desastre una “oportunidad para beneficiarse a costa del dolor, la destrucción y la incertidumbre de las familias afectadas”, un fenómeno que debilita la confianza ciudadana.
Rivera recordó que el Gobierno aprobó 500 millones de lempiras para atender la actual emergencia por lluvias, aunque aclaró que esos fondos están sujetos a una reglamentación que depende de la Secretaría de Finanzas, en un decreto ejecutivo denominado PCM, gestión que limitaría la respuesta inmediata ante los daños registrados en distintas regiones del país.
La directora de Gobernanza de la ASJ señaló que después de la aprobación de esos recursos escuchó “con asombro y sorpresa” el pronunciamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en el que se pidió al Congreso “la aprobación urgente del apoyo presupuestario, necesario para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones”.
En su análisis, Rivera advirtió que Honduras continúa siendo una nación expuesta a los impactos del cambio climático y que “cada año las fuertes lluvias recuerdan la fragilidad en que se vive”, los desafíos del ordenamiento territorial y la ocupación de zonas de alto riesgo “permanecen a la vista y paciencia de una débil institucionalidad”.
El desinterés de los gobiernos por implementar una gestión de riesgos con enfoque preventivo termina siendo “más costoso para todos”, recalcó Rivera, y lamentó que las familias pierden sus viviendas, bienes y medios de vida, lo que obliga al Estado a reaccionar con grandes erogaciones de recursos que pudieron haberse evitado.
La economista enumeró que las prácticas internacionales en la atención post desastres comprenden tres fases: Atención inmediata de emergencia, consistente en asistencia humanitaria; rehabilitación y reconstrucción, y puntualizó que ante la actual situación procede la reorientación o reasignación de recursos del Presupuesto General de la República, medida que puede ejecutarse mediante decretos del Consejo de Ministros para el recorte o congelamiento de las distintas asignaciones presupuestarias ya aprobadas. OB/Hondudiario
