*** Las invasiones de tierras y propiedades privadas, están siendo empujadas por personas ligadas a la OFRANEH, según informaron los afectados, que sus propiedades han sido ocupadas al margen de la ley y la indiferencia del Gobierno.
*** Los cruceros han dejado de llegar a Trujillo, los turistas canadienses y estadounidenses han sus pendido viajar a este núcleo turístico del país.
Pérdidas económicas millonarias entre pequeños, medianos y grandes comerciantes está provocando la ausencia de turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, producto de la invasión de tierras y de propiedades privadas, ante la indiferencia del Gobierno.
Se trata de los inversionistas ligados al quehacer del turismo, que desde el mes de septiembre y octubre, empezaron a vivir los efectos económicos, entre los residentes locales e inversionistas extranjeros que fueron afectados directamente, producto de las «ocupaciones de viviendas y/o propiedades de manera ilegal» por personas ligadas a la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
En este caso, viviendas o residencias a decenas de propietarios ausentes, que han quedado sin hogar, especialmente familias y jubilados extranjeros que decidieron invertir sus ahorros y confianza en la zona.
Estas acciones no sólo han destruido sueños de retiro y lazos comunitarios, sino que también han impactado gravemente la economía local dependiente del turismo residencial y las inversiones sostenibles.
La crisis económica que se acentúa cada día mas en toda la ciudad, por la falta de una respuesta efectiva de las autoridades del Gobierno hondureño, que se mantienen en un silencio aparentemente cómplice, a pesar que los afectados tienen el derecho pleno de sus propiedades.
En tal sentido, las recientes y continuas invasiones de propiedades en Trujillo están afectando el quehacer y la vida de propietarios individuales que invirtieron sus ahorros y confianza en el país.
«Estas invasiones han desplazado familias, han destruido hogares, borrando los sueños de jubilación construidos durante muchos años», porque los propietarios adquirieron sus propiedades legalmente y de buena fe, completando toda la diligencia debida, con la documentación y aprobaciones requeridas.
Asimismo, han demostrado que sus escrituras fueron emitidas por las autoridades correspondientes, con el claro entendimiento de que su tierra era legalmente suya y que no existían reclamos en competencia.
Que son miembros responsables de sus comunidades al pagar los impuestos locales a la propiedad, que han mantenido sus hogares y contribuyen a la economía local a través del empleo y el comercio.
Para estos propietarios afectados, «Honduras no era una especulación financiera, era una elección de estilo de vida, por lo que construyeron hogares y amistades, convirtiéndose en parte del tejido local. Sin embargo, a raíz de las invasiones, se han quedado sin protección ni sus recursos».
Esos escenarios, se ligan a las actividades turísticas, que se fortaleció cuando a través de entes gubernamentales y las autoridades locales desde hace muchos años alentaron a extranjeros invertir, otorgándoles políticas de seguridad jurídica, emitiendo cartas formales de apoyo y permisos para promover la inversión entre los extranjeros de clima frío que al jubilarse pasen el invierno en Honduras.
«Una abierta invitación para construir casas de retiro o de vacaciones lo que atrajo a cientos de extranjeros, muchos de ellos canadienses», sumando unas mil personas ubicadas en el área de la Bahía de Trujillo, pero que ahora están siendo afectados y están impotentes ante la indiferencia a sus quejas ante el Gobierno.
Los propietarios individuales representan una pequeña parte de los visitantes permanentes y anuales necesarios para crear una economía turística, pero colectivamente, suman un número significativo que ahora están sin hogar ya que las quejas siguen sin respuesta y sin resolver.
La crisis o invasiones de sus propiedades son empujadas desde OFRANEH, invadiendo propiedades de muchos propietarios que estaban ausentes y menos capaces para defenderse, jubilados y vacacionistas sin medios políticos o financieros para defenderse, en una total indefensión, por la indiferencia estatal y un aparentemente con el beneplácito de funcionarios de instituciones del Estado.
Esas invasiones ha provocado incertidumbre, miedo, parálisis y profunda frustración entre quienes se establecieron en Trujillo con confianza en el sistema legal del país, que ahora se niega a cumplir la ley.
Todos esos escenarios, están afectando la economía de en ambos sectores, porque los jubilados y los vacacionistas a largo plazo brindan beneficios económicos consistentes y sostenibles entre los pobladores de Trujillo, porque emplean trabajadores locales para la construcción, el mantenimiento y el cuidado del hogar.
Además, promueven la compra de suministros y alimentos localmente, compras en las tiendas, restaurantes y proveedores de servicios locales, que contribuyen al sostenimiento de la economía local fuera de temporada cuando el tráfico turístico baja.
«Estos residentes no son visitantes transitorios. Son parte del ritmo cotidiano de la vida comunitaria, que apoyan a las escuelas, participan en eventos culturales y construyen amistades y confianza entre los vecinos, considerando que su presencia ayuda a estabilizar las economías locales y fomenta un entorno de respeto mutuo e interdependencia».
Se sabe que muchos de estos inversionistas propietarios han forjado o desarrollado relaciones profundas entre los pobladores, hasta involucrarse personalmente con familias individuales, ayudándoles en la atención médica, apoyando la educación de sus hijos y mejorando su nivel de vida.
Se estima, que los efectos y el costo de estas invasiones trasciende la contribución económica anual a la comunidad, afectando directamente a muchas familias locales que dependían de las diferentes oportunidades de trabajo y de servicios que se generan por estos inversionistas extranjeros.
Estas invasiones, no solo afectan el derecho a la propiedad de la tierra o la economía, «es una tragedia personal y humana», porque las familias afectadas que alguna vez se sintieron seguras en sus hogares se han visto obligadas a abandonarlos y sus derechos han sido violados.
Muchos de los afectados, para cumplir este sueño, realizaron muchos años de esfuerzo, inversión y construcción de relaciones que actualmente se están borrando por la anarquía en la zona.
Para todos, la pérdida de sus propiedades representa un revés financiero y un daño emocional profundo, porque se ven obligados a abandonar su inversión y las familias locales adoptivas a las que han estado apoyando por muchos años.
Asimismo, el sentido de pertenencia, propósito y conexión intercultural que han forjado al elegir un nuevo estilo de vida en el país, «también ha sido invadido por el desplazamiento, el miedo y un profundo sentido de pérdida».
En tal sentido, estas situaciones deben formar parte de los informes oficiales y de los debates públicos, porque las personas que contribuyeron de manera constante, sin ruidos, son invisibles en la conversación nacional.
Al respecto, si Honduras quiere reconstruir la credibilidad, se sugiere que la resolución debe incluir a todos los afectados, los pequeños propietarios, tanto extranjeros como locales que forman parte del problema socio-económico que sostenía a muchas comunidades y familias locales, por lo que solo tratando el tema en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica, Honduras podrá comenzar a reconstruir la confianza, tanto entre sus propios ciudadanos como con aquellos que invirtieron su futuro en el país. MO/ Hondudiario
