*** De acuerdo con la denuncia de la ASJ, el proyecto de la cárcel de máxima seguridad vulneró la normativa ambiental.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios del Poder Ejecutivo y otras autoridades por la promoción, autorización y ejecución irregular del proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en el archipiélago Islas del Cisne, declarado área natural protegida por ley.
De acuerdo con la denuncia, el proyecto de la cárcel de máxima seguridad vulneró la normativa ambiental, omitió la consulta previa a comunidades locales y la modalidad de contratación aprobada procedimientos opacos y contrarios a la ley.
El proyecto fue impulsado en 2023 y 2024 bajo el Plan de Seguridad Nacional “Solución Contra el Crimen”, mediante los Decretos Ejecutivos PCM (PCM-28-2023, PCM-29-2023, PCM-18-2024 y PCM-190-2024), que habilitaron procedimientos excepcionales y contrataciones directas sin cumplir con la normativa ambiental ni de contratación pública.
Los estudios que respaldaron su viabilidad se realizaron en menos de una semana, sin rigor técnico ni científico, y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) negó el acceso a expedientes solicitados por ALAC, violando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aun así, el 5 de julio de 2024, dicha Secretaría otorgó licencia ambiental sin cumplir los requisitos legales ni realizar procesos de socialización.
Después de tres licitaciones fallidas, la información que corresponde a este proyecto se encuentra bajo reserva, aún y cuando el 12 de septiembre de 2024 el pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública emitió la Resolución SO-314-2024 en la que, tras analizar los PCM ejecutivos y la legislación nacional e internacional, declara sin lugar la solicitud de reserva presentada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
La denuncia también señala que se omitió la consulta previa, libre e informada a las comunidades garífunas, misquitas y de Guanaja. Cabe señalar que el único cabildo abierto realizado en Guanaja el 6 de marzo de 2024 reflejó el rechazo ciudadano al proyecto.
ASJ fundamentó su denuncia en los artículos 145 y 80 de la Constitución de la República, artículo 1 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Convenio 169 de la OIT y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana.
La organización solicitó al Ministerio Público admitir la denuncia e iniciar de oficio las investigaciones correspondientes, requerir a las instituciones involucradas la documentación respectiva, investigar la legalidad de los decretos PCM y ordenar la suspensión inmediata de cualquier acción de construcción en las Islas del Cisne. ED/Hondudiario
