*** La situación “se suma que el Congreso Nacional atraviesa una crisis institucional”.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, manifestó que las acciones de requerimiento fiscal emprendidas este lunes contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) representan “una seria amenaza a la estabilidad democrática e institucional del país”, ante la cercanía de las elecciones generales y la crisis del Congreso Nacional.
El titular del gremio jurídico advirtió que de concretarse tales acciones “incluso derivando en privaciones preventivas de libertad, el Tribunal de Justicia Electoral quedará prácticamente disuelto, ya que el artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral establece que para su funcionamiento y conformación de quórum se requieren al menos dos magistrados propietarios”.
También señaló que a esta situación “se suma que el Congreso Nacional atraviesa una crisis institucional que le impide sesionar con normalidad y, por tanto, no podría realizar nombramientos de nuevos magistrados”, lo que agrava el panorama del país en la antesala del proceso electoral.
“En vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre, este escenario configura una situación de extrema gravedad institucional”, expresó Solórzano.
El presidente del Colegio de Abogados consideró que “si se debilita o paraliza el órgano de justicia electoral, el país podría quedar sin una instancia competente para resolver controversias posteriores al proceso electoral, generando un vacío jurídico y político de enormes consecuencias”.
Solórzano puntualizó que más allá del ámbito jurídico, esta situación tiene una “trascendencia política profunda” y la estabilidad democrática depende del respeto a la independencia de las instituciones, especialmente aquellas que garantizan la legalidad y la transparencia del proceso electoral.
La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales del Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el delito de prevaricato judicial, al emitir resoluciones contrarias a la ley y por haber ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de Jorge Cálix como candidatos a diputados.
Al respecto, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, indicó que el mismo requerimiento se presentó la semana anterior, pero la Corte Suprema de Justicia determinó que no se puede solicitar el antejuicio contra los magistrados.
En ese sentido, “obviamente que se está volviendo a presentar el requerimiento fiscal para que la Corte nombre a un juez natural que conozca el requerimiento”, explicó. OB/Hondudiario
