*** Libre “comete actos abusivos” desde el Ejecutivo, a través de las Fuerzas Armadas, y también desde el Ministerio Público.
La oposición política en el Congreso Nacional evalúa impulsar una interpelación al Fiscal General de la República, Johel Zelaya, e incluso un eventual juicio político, tras el requerimiento presentado contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Las diputadas Fátima Mena y Maribel Espinoza expresaron preocupación por lo que califican como una crisis institucional y advirtieron sobre la posible manipulación del proceso electoral de 2025.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, calificó la acción del Ministerio Público como “un golpe a la institucionalidad” y aseguró que detrás de este movimiento hay intereses del oficialismo. Sostuvo que la medida busca controlar los órganos electorales y debilitar el sistema democrático hondureño.
“Hay una pretensión por parte del oficialismo de boicotear el proceso electoral”, advirtió Mena, escenario que elevó las alarmas a nacional e internacional.
De igual forma, la legisladora informó que los partidos de oposición se mantienen en sesión permanente para definir su postura frente a lo ocurrido. “Estamos evaluando una interpelación al fiscal general y un posible juicio político”, explicó, con el objetivo de “garantizar un proceso limpio y transparente” rumbo a las elecciones generales de 2025.
Por su parte, la diputada liberal Maribel Espinoza abordó el tema desde una perspectiva constitucional y recordó que el Congreso tiene la facultad de interpelar a cualquier funcionario público que deba rendir cuentas. Explicó que esta potestad está establecida en el artículo 234 de la Carta Magna, que también regula la figura del juicio político.
“El Congreso Nacional puede interpelar a cualquier funcionario y pedir explicaciones sobre hechos específicos. En el caso del fiscal general, se le envió una comunicación advirtiéndole que no puede enjuiciar a ningún funcionario electo por el Congreso sin que antes haya sido examinada su conducta, ya sea por violar la Constitución o por negligencia”, desglosó.
En ese contexto, Espinoza mencionó que existe un debate jurídico dentro del Legislativo sobre la obligatoriedad de aplicar el juicio político antes de que el fiscal proceda contra magistrados o consejeros electorales. Indicó que las interpretaciones son distintas, por lo que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.
“Algunos creemos que el juicio político es un requisito indispensable, mientras que otros opinan que no. Este tema, finalmente, deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra en la interpretación constitucional”, señaló.
La congresista liberal igual señaló que Libre “comete actos abusivos” desde el Ejecutivo, a través de las Fuerzas Armadas, y también desde el Ministerio Público.
“Lo que hemos visto es un uso político de las instituciones. Por eso, el Congreso tiene el deber de defender la institucionalidad y la democracia frente a estos atropellos”, insistió.
Reveló que la bancada liberal sostendrá una reunión para definir su posición sobre la interpelación o el eventual antejuicio contra el fiscal Zelaya, mientras el Partido Nacional prepara su pronunciamiento en los próximos días. OB/Hondudiario
