*** Honduras no había registrado antes un escenario en el que el Ministerio Público interviniera de manera directa en órganos electorales.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, advirtió que este martes 18 podría emitirse una orden de captura contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), escenario que calificó como “muy grave” y alarmante a pocos días de las elecciones en el país.
Solórzano indicó que la audiencia programada será conocida por la jueza natural designada en el caso, que será la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, y explicó que se trata de una etapa preliminar en la que se evaluará si existen indicios suficientes para continuar con la causa planteada por el Ministerio Público.
“Lo que puede ocurrir este martes 18 es alarmante, preocupante y debe de ocuparnos a todos también”, dijo.
El presidente del CAH manifestó que, en caso de que la jueza considere que existe un mínimo razonable de evidencia sobre la posible comisión de un delito, la autoridad judicial podría ordenar medidas que incluyen privación de libertad mientras el proceso avanza.
“En esta primera audiencia se puede ordenar algo que es muy grave, que es la captura de ellos y la privación de su libertad”, adelantó.
Solórzano señaló que los magistrados involucrados, Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, enfrentan la obligación de comparecer ante la autoridad competente y recordó que la notificación enviada advierte la posibilidad de emitir captura si alguno de los señalados no se presenta.
El dirigente del gremio profesional expuso que Honduras no había registrado antes un escenario en el que el Ministerio Público interviniera de manera directa en órganos electorales y aclaró que estas instituciones poseen una naturaleza política definida.
“Los órganos electorales, y esto hay que aclararlo de entrada, son órganos de naturaleza totalmente política”, señaló.
El presidente del CAH describió el origen del conflicto cuando un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral denunció a los otros dos integrantes del organismo por el delito de prevaricato judicial, lo que derivó en la apertura del expediente penal.
Solórzano indicó que el Ministerio Público actuó con una rapidez inusual tras recibir la denuncia y planteó que, según su valoración, el mecanismo adecuado cuando se discrepa de una resolución de un órgano electoral no corresponde a una acción penal.
“Si yo estoy en contra de la actuación que ha emitido un órgano, lo que busco es anularlo”, orientó. OB/Hondudiario
