*** El 20 de noviembre, las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para iniciar una acción penal por difamación contra López.
La organización no gubernamental, Human Rights Watchadvirtió que las crecientes presiones políticas sobre las autoridades electorales en Honduras amenazan el derecho a participar en elecciones libres y justas.
Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre de 2025, en las que se elegirán al presidente, 128 diputados del Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. En las últimas semanas, el Ministerio Público ha abierto investigaciones penales contra altas autoridades electorales. Mientras tanto, enfrentamientos públicos entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) han retrasado en repetidas ocasiones la adjudicación de los contratos necesarios para organizar las elecciones. Las denuncias de fraude formuladas tanto por la presidenta Xiomara Castro como por miembros de partidos de oposición afectan la credibilidad del proceso electoral.
“Las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del CNE ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las misiones internacionales de observación electoral deberían monitorear de cerca el proceso y llamar a las autoridades hondureñas a garantizar condiciones que permitan elecciones libres, justas y transparentes”.
Desde 2019, la autoridad electoral está dividida entre el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la máxima instancia en materia de justicia electoral, y el CNE, responsable de administrar el proceso electoral. Ambas instituciones están integradas por tres miembros propietarios, elegidos por una votación de dos tercios en el Congreso. Las designaciones de los miembros del CNE y del TJE surgieron de un acuerdo político entre los partidos Nacional, Liberal y Libre—los tres con mayor representación—que permitió a cada uno asegurar un representante en cada órgano. En los últimos meses, las crecientes tensiones entre los consejeros han paralizado el funcionamiento del CNE.
El 29 de octubre, el fiscal general Johel Zelaya anunció una investigación contra Cossette López, consejera del Partido Nacional en el CNE, por supuestamente intentar manipular los resultados electorales. Zelaya se basó en una serie de audios que, según López, fueron manipulados. La presidenta Castro calificó las grabaciones como parte de una “conspiración criminal destinada a provocar un Golpe Electoral”.
El 10 de noviembre, fiscales abrieron una investigación contra dos magistrados del TJE, alegando que habían actuado de manera ilegal al aprobar una resolución con solo dos de los tres magistrados del tribunal presentes.
El 9 de noviembre, el CNE realizó un simulacro del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. El consejero Marlon Ochoa, del partido Libre, sostuvo que la prueba había fracasado y que las fallas en el sistema revelaban la “existencia de una conspiración contra el proceso electoral orquestado desde el propio seno del órgano electoral”.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas solicitó al CNE que proporcionara a la institución una copia del acta de cierre de la elección presidencial el día de los comicios. Ana Paola Hall, presidenta del Consejo, dijo que rechazó esta solicitud. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben garantizar la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales el día de la votación, pero no le otorga autoridad para acceder, contar, transmitir o revisar resultados.
El 20 de noviembre, las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para iniciar una acción penal por difamación contra López.
En este contexto de creciente desconfianza y denuncias de posible fraude, el papel de las misiones independientes de observación electoral, nacionales e internacionales, será fundamental para preservar la credibilidad del proceso, señaló Human Rights Watch.
La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos expresó preocupación por las “acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral” y alertó sobre una “excesiva intervención judicial” en los comicios. La Unión Europea también envió una misión de observación electoral a Honduras. El 18 de noviembre, la UE expresó preocupación por desarrollos que podrían socavar las instituciones electorales hondureñas antes de los comicios, señalando que las autoridades y los partidos políticos deben garantizar que los órganos electorales puedan operar de manera independiente y transparente. AB/Hondudiario/ HumanRightsWatch
Honduras: Amenazas contra el proceso electoral https://t.co/6m2zbSIf6y
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) November 24, 2025
