*** Una nulidad electoral general sin fraude estructural probado produciría efectos profundamente lesivos para el país.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señaló que la solicitud de nulidad electoral presentada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) carece de fundamento suficiente y resulta jurídicamente improcedente.
Desde la condición de institución rectora del pensamiento crítico, científico y jurídico de la nación, la UNAH explicó que la nulidad electoral es una figura de carácter excepcional, restrictivo y de última ratio, cuya procedencia solo es constitucionalmente legítima cuando se demuestra, con prueba plena, objetiva, directa y determinante, la destrucción jurídica estructural de la voluntad popular.
Analizó que la soberanía popular constituye un límite constitucional absoluto frente a la potestad de anulación electoral, y que ninguna autoridad administrativa, jurisdiccional o política puede sustituir la voluntad del soberano sin acreditación concluyente de un fraude estructural que la haya destruido jurídicamente.
Sobre el principio de conservación del acto electoral, la UNAH manifestó que este impone el deber constitucional de preservar el resultado del sufragio, subsanar irregularidades formales y corregir fallas técnicas mediante auditorías, como regla general del sistema democrático.
La institución puntualizó que el TREP no tiene valor jurídico decisorio, que las inconsistencias numéricas no fueron individualizadas ni acreditadas como determinantes, que la biometría no es un requisito constitucional del sufragio, que la violencia denunciada no fue acreditada como generalizada ni alteradora del resultado y que la injerencia extranjera no constituye causal jurídica de nulidad.
La UNAH también indicó que dicha pretensión vulnera la soberanía popular, no acredita afectación real a la autenticidad del sufragio, desconoce la igualdad del voto, rompe la seguridad jurídica, resulta desproporcionada e irrazonable, desconoce el principio de conservación del acto democrático y genera inestabilidad constitucional.
El comunicado advirtió que una nulidad electoral general sin fraude estructural probado produciría efectos profundamente lesivos para el país, entre ellos ruptura de la legitimidad de origen del poder, crisis de gobernabilidad, judicialización extrema de la política, fractura del tejido social, incremento del riesgo país, deterioro del clima de inversión, aumento de la conflictividad social y erosión de la cultura democrática.
De acuerdo con su conclusión, la anudación general del proceso electoral, en los términos planteados en la acción analizada, es “jurídicamente improcedente, constitucionalmente insostenible y políticamente riesgosa”, y recalcó que la vía jurídicamente procedente es la auditoría, verificación, fiscalización y corrección institucional de eventuales irregularidades, con respeto a la soberanía popular y a la estabilidad del Estado Constitucional.
“La democracia se protege con Derecho, con prueba y con institucionalidad.
La nulidad sin fraude probado no la fortalece: la debilita”, refirió la UNAH. OB/Hondudiario
