*** El decreto aprobado por mayoría oficialista ordena un reconteo de actas, condiciona la declaratoria final de las elecciones y piden acciones penales contra consejeras.
El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo junto a la bancada de Libertad y Refundación (Libre), en una sesión hasta horas de la madrugada se atribuyeron la declaratoria final del proceso electoral, así como también pidieron acciones penales contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.
Dicho decreto tiene como finalidad revertir la declaratoria del proceso realizado por el Consejo Nacional Electoral, el cual es único organismo habilitado por la Constitución para hacer conteo de votos y divulgar los ganadores, además el mismo será publicado en La Gaceta.
Este decreto manda a que el CNE proceda a realizar el conteo de todas las actas que supuestamente no fueron contabilizadas, asimismo detalla que a nivel presidencial son 306 actas, a nivel de diputados faltan 2,620 y a nivel de alcaldías 1,848 actas, además advirtieron que en caso de que el CNE no proceda, se hará cargo el Congreso.
Asimismo, la Comisión Especial de Investigación del Legislativo pide al Ministerio Público (MP), solicitar que se realice una acción penal en contra de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, esto por suponerlas responsables de no realizar el conteo completo.
Además, hacen un llamado al CNE a resolver todas las impugnaciones presentadas, a lo que el decreto establece que una vez se finalice con el conteo, serán remitidos al Congreso Nacional para que realice la declaratoria final de las elecciones generales.
Esta sesión no contó con la presencia de los diputados de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y la mayoría del Salvador de Honduras, además de que se extendió hasta altas horas de la madrugada.
El extenso informe leído por el diputado Ramón Barrios, concluyó que la declaratoria de las elecciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE), “no agotó el escrutinio de las actas” vulnerando los principios constitucionales como “legalidad, certeza y transparencia”, por lo que concluyó que la declaratoria carece de base jurídica suficiente. ED/Hondudiario
