*** En un promedio de 31 días sesionados por año, en ningún momento se contó con la presencia de la totalidad de los 128 diputados propietarios.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que, con apenas 147 días sesionados durante cuatro años, el Congreso Nacional 2022–2026 devengó más de 1,724 millones de lempiras únicamente en concepto de sueldos y salarios para diputados y personal, evidenciando una profunda desproporción entre el gasto público ejecutado y los resultados legislativos obtenidos.
De acuerdo con el análisis del capítulo hondureño de Transparencia Internacional, entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Congreso Nacional ejecutó L 5,942 millones, de los cuales más de L 1,724 millones se destinaron a salarios y al menos L 627 millones a viáticos.
Pese a gozar de todos los beneficios otorgados por ley, los legisladores permanecieron sin sesionar aproximadamente 395 días, cumpliendo apenas 35 por ciento de las sesiones que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), es decir 31 días por año de 104 posibles.
La baja convocatoria y la ausencia recurrente de diputados se tradujeron en una productividad legislativa decreciente. En 2022 se presentaron 929 proyectos de ley y se aprobaron 156; en 2023, 243 presentados y 59 aprobados; y en 2024, 255 presentados y 55 aprobados. En conjunto, la productividad fue de apenas 19 por ciento entre 2022 y 2024. Cabe señalar que 90 por ciento de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo fueron aprobados, contra sólo 13 por ciento de los presentados desde el Legislativo.
ASJ cuestionó además el uso de las subvenciones legislativas, que según el propio Congreso tienen como finalidad atender necesidades comunitarias, pero que en la práctica han reproducido patrones de clientelismo político y opacidad. Entre 2022 y 2025, se ejecutaron más de L 785 millones en subvenciones, de los cuales al menos L 536 millones se concentraron entre 2024 y 2025.
En paralelo, el Congreso aprobó L 2,850 millones para gasto social durante el período 2023–2025 (L 950 millones anuales). De estos fondos, 56 por ciento fue canalizado a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, 25 por ciento mediante el FHIS y 19 por ciento a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sin mecanismos claros y estandarizados de evaluación de impacto.
Más allá del ámbito financiero, ASJ subrayó también los excesos de la actual legislatura que se reflejaron en decisiones y acciones que debilitaron la institucionalidad democrática, como la aprobación de un nuevo pacto de impunidad, la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), elecciones de altos funcionarios sin cumplir requisitos legales y una reciente intervención en el proceso electoral.
Bajo este contexto y ante los escasos resultados de la legislatura 2022–2026, ASJ instó al nuevo Congreso Nacional que asumirá su mandato mañana a reducir el gasto, aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, y eliminar o reglamentar estrictamente las subvenciones. Asimismo, exhortó a priorizar transformaciones clave como las reformas electorales, la Ley del Consejo de la Judicatura, la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Finalmente, recomienda instituir un procedimiento obligatorio y estandarizado para la solicitud de viáticos, a fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas y disciplinarias frente a la inasistencia a sesiones, el uso indebido o la falta de liquidación de fondos públicos, el abuso de la investidura y establecer una agenda anual de sesiones con proyectos prioritarios, que garantice planificación, seguimiento y rendición de cuentas a la ciudadanía. AB/Hondudiario
