*** La operatividad del Estado bajo un esquema prorrogado (el Presupuesto del año anterior) implica un estancamiento en la gestión gubernamental.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, advirtió que la omisión en la aprobación del Presupuesto General de la República antes del cierre del año 2025 generará una parálisis de hasta “tres meses” en la ejecución de los recursos públicos para el presente ciclo fiscal.
“Ahora ellos mismos se van a dar cuenta de todos los tropiezos y retrasos que tienen los proyectos y programas públicos, cuando no se aprueba el presupuesto o se aprueba hasta una fecha posterior”, manifestó.
Pino puntualizó que los partidos de oposición decidieron no respaldar el documento financiero bajo el argumento de que “había que esperar” el desarrollo de las elecciones generales para tomar una determinación definitiva.
“Dijeron que había que esperar las elecciones; yo siempre sostuve que, independientemente del resultado de las elecciones, sí podían aprobar, después podían modificar el presupuesto como nosotros lo hicimos en el 2022”, sostuvo.
En tanto, la jefa de la carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, desglosó las repercusiones negativas derivadas de la falta de aprobación del Presupuesto General de la República, al señalar que esta omisión “trasciende lo numérico” para afectar directamente el contrato social y el rumbo económico del país.
El Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026 asciende a un monto total de 430,907.8 millones de lempiras, cifra que representa la planificación financiera para la administración que asumirá funciones el 27 de enero de este año, pero que deberá ser aprobado por el nuevo Congreso Nacional y que seguramente será reformulado.
Ochoa explicó a Hondudiario que esta herramienta financiera representa el mecanismo anual donde se planifica el sostenimiento de las políticas en salud, educación e infraestructura, pero “el hecho de que se esté hasta cierto punto normalizando la no aprobación de un presupuesto tal como lo indica la normativa, la ley orgánica, da un mal mensaje a nivel nacional y a nivel internacional”.
La académica indicó que la operatividad del Estado bajo un esquema prorrogado (el Presupuesto del año anterior) implica un estancamiento en la gestión gubernamental que ignora las variables económicas actuales del entorno hondureño. Tal escenario, al ser un “presupuesto desfasado”, provoca un “atraso en los aspectos puramente sociales” por no considerar la devaluación y la inflación. OB/Hondudiario
