*** La titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) insistió que es necesario que se apoyen las reformas necesarias a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando en su discurso durante la instalación de la primera legislatura en el Congreso Nacional exigió al Legislativo para que se apoyen las reformas necesarias a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica.
En ese sentido la titular de la Corte en su comparecencia citó que el 2025 hubo 262 muertes violentas de mujeres, de las que el 50 fueron judicializadas y apenas 10 de los casos declarados como feminicidios.
Asimismo, Obando desglosó que, considerando su relevancia para la seguridad nacional, en materia penal ingresaron 45,135 casos, lo que representa un incremento del 20 por ciento en comparación con el año anterior, destacando entre los delitos de mayor incidencia, el tráfico de drogas y el maltrato familiar.
A continuación, íntegramente lo expresado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando:
Me honra profundamente comparecer ante el pueblo hondureño, en este solemne acto de Instalación de Legislatura del Congreso Nacional, en una fecha cargada de memoria y esperanza, en la que conmemoramos la conquista de las mujeres hondureñas al derecho de participar y dirigir la vida política de nuestro país.
Este día es una oportunidad valiosa para expresar nuestro cariño a todas las mujeres hondureñas, a quienes enviamos un caluroso abrazo.
De manera muy especial, deseo felicitar a las 38 diputadas que integran el nuevo Congreso Nacional. Hoy inician una trascendental oportunidad para hacer prevalecer nuestras voces, legislar por una verdadera igualdad de género y demostrar que cuando las mujeres ocupan estos espacios, la democracia se fortalece.
Que su liderazgo inspire a muchas más a creer que sí es posible levantar la voz y ocupar, con dignidad y determinación, los espacios donde se toman las decisiones que transforman nuestro país.
Esas decisiones deben partir del derecho irrenunciable a la vida, PORQUE EN HONDURAS, LAS MUJERES QUEREMOS VIVIR, NO SOBREVIVIR.
Lastimosamente la violencia continúa siendo una de las principales causas de muerte de nuestras mujeres, cada año, los juzgados reciben alrededor de 15,000 denuncias de violencia doméstica; en el 2025 se registraron 14,685 casos, concentrándose mayoritariamente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con una incidencia del 20 y 25 por ciento respectivamente.
Ese mismo año, a nivel nacional, se emitieron 10,728 resoluciones judiciales, de las cuales el 57 % fueron declaradas con lugar, reflejando un esfuerzo institucional creciente, pero aún insuficiente frente a la magnitud de la violencia, particularmente si se considera que, al año, cerca del 30 % de las causas son declaradas en abandono.
Asimismo, el año pasado se registraron alrededor de 262 muertes violentas de mujeres, según reportes de diferentes instituciones, de las cuales, el Ministerio Público presentó ante los juzgados los casos de 129 víctimas, lo que representa una judicialización de 50%. No obstante, solo 10 de esas muertes fueron calificadas bajo la figura penal de femicidio, evidenciando la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para reconocer estas muertes, prevenirlas y castigarlas con la gravedad que la ley exige.
Pueblo hondureño, la violencia NO DEBE NORMALIZARSE en ninguna de sus formas.
Desde el Poder Judicial, dimos un paso decisivo con la aprobación de la Política de Justicia Abierta, un hito que marca el camino hacia un Poder Judicial que escucha, dialoga y pone a las personas en el centro, especialmente a quienes más necesitan una respuesta oportuna y efectiva.
Desde ese compromiso de transformación, el abordaje judicial de la violencia de género es prioridad. Por ello, hemos iniciado acciones concretas para fortalecer la respuesta del sistema de justicia, entre ellas:
La Creación y puesta en marcha del Observatorio de Justicia y Género, a partir del cual, estamos identificando territorios con alto riesgo, donde factores demográficos, socioeconómicos y barreras de acceso a la justicia agravan la violencia y elevan el riesgo de muerte para las mujeres, como ocurre en algunas zonas de Lempira e Intibucá; permitiéndonos focalizar intervenciones diferenciadas.
Seguimos fortaleciendo el trabajo en red, construyendo nuevos mecanismos para erradicar la violencia, como el Registro de Agresores y el proyecto de reformas a la Ley Especial Contra la Violencia Doméstica, incorporando, entre otras garantías, las nuevas manifestaciones de la violencia y cerrar espacios que minimizan la violencia.
Señoras y señores diputados, la sociedad exige acciones concretas, pedimos su respaldo para aprobar el paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica que hemos trabajado con el Ministerio Público, la Policía y sociedad civil, y que pronto tendrán en sus manos. Aprobarlo es cerrar puertas a la impunidad y proteger con firmeza a las víctimas.
Con la misma determinación que enfrentamos la violencia de género, hemos asumido una prioridad impostergable, el respeto y protección de derechos de nuestras niñas y niños, a través de las siguientes acciones:
La aprobación y consolidación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), con la finalidad de identificar y controlar a las personas que incumplen el pago de pensión alimenticia, aplicando severas restricciones.
Anualmente ingresan al Poder Judicial alrededor de 14,500 nuevos casos en materia de familia, en los que se destacan las demandas de alimentos, reflejando patrones persistentes de paternidad irresponsable en nuestra sociedad.
A un año de vigencia, el REDAM registra 60 personas en condición de deudores morosos y seguiremos redoblando esfuerzos para garantizar su aplicación a nivel nacional, porque la deuda alimentaria es una forma de violencia contra nuestra niñez, no es un trámite, es la comida que falta, la medicina que no llega y la educación que se arrebata. Es lo esencial que se niega para crecer con dignidad.
Por otra parte, y considerando su relevancia para la seguridad nacional, en materia penal ingresaron 45,135 casos, lo que representa un incremento del 20% en comparación con el año anterior, destacando entre los delitos de mayor incidencia, el tráfico de drogas y el maltrato familiar.
Hemos fortalecido la capacidad institucional creando el Circuito Judicial de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, logrando reducir la mora y agilizar los procesos, con tiempos de espera para realizar un juicio oral y público que han disminuido de 4 años a 7 meses, y reduciendo en 95% el vencimiento de la prisión preventiva.
A iniciativa del Poder Judicial conformamos la Mesa Técnica Interinstitucional para el descongestionamiento del sistema penitenciario, logrando resultados extraordinarios, como ser:
La restauración e instalación de contenedores, que ahora sirven como salas de audiencias virtuales, ubicadas en todos los Centros Penitenciarios, logrando que las personas privadas de libertad comparezcan virtualmente en las audiencias, reduciendo significativamente los tiempos, costos y riesgos de seguridad.
Desde el año 2023 a la fecha hemos llevado a cabo 9,707 audiencias virtuales y 2,876 asistencias legales remotas.
Estamos fortaleciendo la Defensa Pública, en el 2025 atendimos a 40,919 personas y mejoramos el servicio al ampliar el sistema electrónico de seguimiento de casos.
En materia laboral, en el 2025 ingresaron 6,338 nuevos casos, concentrándose la mayor carga en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, siendo las demandas contra el Estado las que representan entre el 51 y 56 por ciento de los juicios anuales, pero en años de transición gubernamental estas superan el 80 por ciento, originadas por despidos en entidades centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y autónomas.
Desde el año 2022 a la fecha se han iniciado 9,709 juicios laborales contra el Estado, principalmente por reintegro y pago de prestaciones.
Ante esta realidad, hacemos un respetuoso llamado a los funcionarios que dirigen las instituciones del Estado a actuar con estricto apego a la ley en los procesos de despido. Es urgente priorizar la conciliación para contener esta problemática que representa una carga económica para el Estado.
Por nuestra parte, el Poder Judicial sigue actuando y fortaleciendo su respuesta: en los últimos tres años duplicamos la fuerza laboral del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.
La Corte Suprema de Justicia, a través de las diferentes salas emitió 2,361 resoluciones y conoció 15 solicitudes de extradición, de las cuales fueron resueltas 11 durante el año 2025 y 4 se encuentran pendientes de captura.
En nuestro camino hacia una Justicia Centrada en las Personas, destacamos los siguientes avances:
En el 2025 fortalecimos el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, incorporando un programa de formación para Facilitadoras Judiciales, para orientar y acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia en sus comunidades.
Continuamos impulsando el Modelo de Despachos Judiciales Abiertos, promoviendo la transparencia, los datos abiertos y el uso de un lenguaje claro en las actuaciones judiciales.
Impulsamos los programas de educación legal, el Pleno Judicial Infantil y abrimos las puertas a estudiantes de derecho, porque estamos convencidos que los cambios que Honduras necesita, comienzan transformando el pensamiento y la conciencia de cada persona.
En una Honduras tan diversa, la justicia no puede hablar con una sola voz, por ello, actualizamos la normativa sobre peritos, traductores e intérpretes, incorporando entre otros, la figura del guía intercultural, para acompañar judicialmente a nuestras comunidades con diferencias culturales, reconociendo la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, su idioma, su identidad y su dignidad.
Una Justicia Centrada en las Personas inicia cuidando a quienes la hacen posible: nuestra familia judicial. Por ello impulsamos mejoras continuas en la gestión del talento humano, como ser:
El nombramiento de personal para atender la demanda de justicia a nivel nacional, iniciamos nuestra gestión con 816 jueces y juezas, actualmente contamos con 909, incrementando la capacidad de impartir justicia en un 11%.
Desde hace dos años pusimos en funcionamiento la primera Clínica de Salud Mental para servidores judiciales, servicio que hemos complementado con talleres de autocuidado, iniciados de forma histórica en esta administración, para el cuidado integral; atendiendo una realidad ineludible: en ocasiones, nuestro personal también es víctima de las realidades que conoce y atiende, como la violencia doméstica.
Continuamos defendiendo la integridad judicial, del 2023 a la fecha se han sancionado disciplinariamente a 543 servidores judiciales y se han remitido 48 expedientes al Ministerio Público; porque la integridad no se negocia: quien actúe al margen de la ley, tengan la certeza que enfrentará consecuencias.
Honorables diputadas y diputados pese a las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial continúa avanzando y respondiendo con acciones concretas a las demandas del país.
Sin embargo, la realidad es contundente, en los últimos tres años hemos recibido en promedio 120,000 casos anuales, con un incremento del 9%, y aun bajo esa presión creciente resolvemos alrededor de 89,000 casos cada año. Estas cifras reflejan compromiso y resultados, pero también evidencian una realidad: la demanda de justicia crece y la capacidad instalada no puede expandirse sin inversión.
Por ello, confiamos en su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizando al Poder Judicial la asignación constitucional no menor del 3% de los ingresos corrientes, como base mínima para responder a la justicia que el país exige.
Para concluir, destacamos la esperanza que genera el inicio de un nuevo Congreso Nacional, impulsado por la fuerza de la juventud, y les deseamos el mayor de los éxitos.
Asimismo, les exhortamos a valorar con la debida relevancia los proyectos de ley que esta Corte Suprema de Justicia someta a su consideración, porque cuando los Poderes del Estado actúan con visión complementaria, el país avanza. Por nuestra parte, seguiremos trabajando con transparencia, integridad y firmeza, convencidos de que no hay democracia sin justicia, ni justicia verdadera sin independencia judicial. ED/Hondudiario
