*** El gremio judicial afirmó que los nombramientos realizados están amparados en la Constitución y pidió que cualquier inconformidad se plantee por las vías legales.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ) rechazó los señalamientos públicos que califican como ilegales los recientes nombramientos realizados en esa institución y afirmó que estos se encuentran amparados en la Constitución y la normativa vigente, llamando a un análisis jurídico riguroso y no a valoraciones políticas.
“La afirmación de que los nombramientos efectuados por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia son ilegales carecen de sustento jurídico suficiente, al no identificarse de manera concreta normas específicas vulneradas, ni desarrollarse un razonamiento de subsunción normativa que permita sostener tal conclusión”, refirieron.
Además, apuntaron que, de conformidad con el artículo 317 de la Constitución de la República, corresponde a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la dirección administrativa del Poder Judicial, lo que incluye las facultades de nombramiento, organización y funcionamiento, en el marco de la ley.

“La ANFEPJ considera necesario advertir que el debate jurídico serio no puede ser sustituido por afirmaciones genéricas, imputaciones sin sustento normativo ni discursos que, lejos de fortalecer la institucionalidad, la debilitan y erosionan la seguridad jurídica”, enfatizaron.
Además, destacaron que resulta jurídicamente improcedente afirmar que los nombramientos realizados constituyen la comisión de delitos, sin identificar, “el tipo penal aplicable conforme al Código Penal, el elemento subjetivo (dolo), ni la existencia de daño o beneficio indebido”.
Por tanto, señalaron que los nombramientos deben analizarse con rigurosidad jurídica y no desde valoraciones políticas o gremiales sectoriales, “la Ley de la Carrera Judicial debe interpretarse de manera integral, razonable y conforme a la Constitución; y cualquier inconformidad debe canalizarse por las vías legales correspondientes, respetando la institucionalidad y la seguridad jurídica”. ED/Hondudiario



