*** La normativa consta de ocho artículos diseñados específicamente para combatir las redes de corrupción pública y privada.
El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, remitió para su publicación en el diario oficial La Gaceta el decreto 48-2025 el pasado 22 de enero con el propósito de otorgar, según él, vida jurídica a la prometida Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) bajo la figura de querellante autónomo.
La normativa consta de ocho artículos diseñados específicamente para combatir las redes de corrupción pública y privada de alto impacto, además de frenar el saqueo de los bienes públicos en el territorio nacional.
Honduras reconoce personalidad jurídica a dicho mecanismo internacional para que actúe con atribuciones de acusador privado durante un periodo de funciones que se extenderá por cinco años consecutivos, según el documento.
Así también, el Fiscal General de la República mantendrá la responsabilidad técnica de realizar las acreditaciones de personería jurídica correspondientes a cada miembro que integre la comisión en su condición de querellante autónomo.
El decreto publicado sostiene que el ente internacional queda facultado para la presentación de requerimientos fiscales conforme a las disposiciones contenidas en la Ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal vigente.
La operatividad y subsistencia de la referida comisión internacional dependerá exclusivamente de fondos nacionales a pesar de que la estructura se establece como un ente autónomo bajo acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.
No obstante, analistas señalan imprecisiones en la ley debido a que Honduras aún no suscribe el convenio definitivo con la organización internacional puesto que el proceso se mantiene únicamente bajo un memorándum de entendimiento.
“Al haber aprobado una Ley de la CICIH, Redondo comete delito; igualmente, son cómplices las autoridades de la ENAG y de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno anterior”, indicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
Barrientos dijo sentirse “sorprendido”, porque “solamente existieron convenios, pero la llegada y la instalación del mecanismo anticorrupción nunca fueron aprobadas en el Congreso Nacional”.
“Es una violación mayúscula al derecho constitucional. Luis Redondo es un delincuente”, sostuvo el togado. OB/Hondudiario
