*** La PGR trabaja en conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción.
El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, anunció una agenda anticorrupción que incluye la eliminación de la Secretaría de Transparencia y el traslado de sus facultades a la Procuraduría para mejorar los índices de percepción que limitan el acceso de Honduras a fondos internacionales.
El funcionario manifestó que la institución trabaja en conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para liderar este esfuerzo porque el organismo posee un “rango constitucional” que le otorga independencia frente al Poder Ejecutivo.
“Pidiéndole al señor presidente (Nasry Asfura) que él pueda de alguna manera cerrar la Secretaría de Transparencia, darnos algunas de las facultades, una de ellas es liderar este esfuerzo que se está haciendo. Porque pretendemos que este nuevo gobierno logre bajar los índices de percepción de corrupción que nos limita a acceder a muchos fondos inicialmente”, dijo a la prensa Aspra.
Aspra explicó que existe un memorándum de entendimiento suscrito con el CNA que contempla doce puntos específicos orientados a impulsar una comisión internacional y establecer una sólida “estrategia nacional anticorrupción” en el país.
Puntualizó que actualmente se redacta un proyecto de ley de cumplimiento antisoborno y el fortalecimiento de la oficina normativa de compras para elevarla a una “dirección nacional” con autonomía funcional y financiera.
“Quiero informarles que en este momento hay equipos de la Procuraduría y del Consejo Nacional Anticorrupción, así como de la Secretaría de Finanzas, que está en una mesa de trabajo, se está trabajando, y esperaríamos que en esta semana, por más tardar este fin de semana, tuviésemos ya el proyecto de ley terminado, de la ley de cumplimiento antisoborno, que va a regir todas las contrataciones que el Estado haga en su momento, y también que va aparejado con la ley de contratación del Estado con el fortalecimiento de ONCAE”, expuso.
Por otro lado, el procurador reveló que se evalúa la legalidad del pago de 400 millones de lempiras efectuados por la administración anterior a bufetes extranjeros para la defensa ante “organismos internacionales” por demandas estatales.
También indicó que la entidad procederá a la ejecución de sanciones contra 1,479 candidatos de elecciones primarias que incurrieron en el “incumplimiento de informes” de gastos de campaña ante la Unidad de Política Limpia.
“La Procuraduría es el organismo encargado de ejecutar esas sanciones, de materializarlas, de convertirlas en un pago que va a entrar a las arcas públicas por efecto de incumplimiento de informes o informes incompletos que en su momento debieron haber presentado los candidatos a elección popular”, indicó. OB/Hondudiario
