*** La asignación de escoltas debe responder estrictamente a un análisis técnico de riesgo y no a peticiones arbitrarias basadas en el estatus de los beneficiarios.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó en las últimas horas que la Policía Nacional inició un proceso de auditoría tras detectar que diversos exfuncionarios mantenían asignados hasta 50 agentes policiales para su protección personal.
Velásquez explicó que la unidad de seguridad para dignatarios cuenta con 1,500 efectivos y que la meta institucional consiste en recuperar el 80 por ciento de ese personal para labores de prevención ciudadana.
Puntualizó que la asignación de escoltas debe responder estrictamente a un análisis técnico de riesgo y no a peticiones arbitrarias basadas en el estatus de los beneficiarios.
“En este momento estamos tratando de redefinir los esquemas, los análisis, porque un esquema de seguridad responde a un análisis de riesgos. Y en ese análisis de riesgo, de acuerdo a los técnicos, se debe establecer cuántos vehículos o personas se necesitan en realidad”, dijo.
Manifestó que el despliegue excesivo de uniformados para proteger a particulares representa una “humillación” para el resto de la ciudadanía hondureña ante las necesidades generales de vigilancia.
Igual, anticipó que el retiro de los agentes se ejecutará bajo un “criterio técnico” para determinar si las personas bajo protección cuentan con medidas vigentes otorgadas por autoridad competente.
“Estamos revisando, hay algunas decisiones que tienen que tomarse a partir de un criterio técnico. Entonces, yo no puedo ordenar, quíteme la seguridad a estas personas mientras no venga un estudio que me diga efectivamente si tiene riesgo o no, y si tiene alguna medida autorizada por autoridad competente”, apuntó.
Recalcó que la recompensa de 35 millones de lempiras por el exjefe militar Romeo Vásquez Velásquez constituye una medida “completamente desproporcional” en el marco de las estrategias de búsqueda.
El funcionario encargado de la seguridad de los hondureños sostuvo que el ofrecimiento de incentivos económicos debe ser de “último ratio” y aplicarse únicamente cuando se agoten todas las diligencias investigativas para localizar a los ciudadanos requeridos. OB/Hondudiario
