*** Castellanos cuestionó que los imputados en el caso Sedesol enfrenten el proceso en libertad, al considerar que estas decisiones refuerzan la percepción de desigualdad en la aplicación de la justicia.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos señaló en sus redes sociales que el caso de la secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), proyecta una indulgencia selectiva y debilita la credibilidad institucional, destacando que las medidas sustitutivas, aplicadas de manera selectiva, refuerzan la idea de que existen dos varas para medir el acceso a la justicia.
“El caso Sedesol encaja en ese patrón de desgaste institucional. El MP presentó un requerimiento fiscal y activó el discurso de depuración y rendición de cuentas. No obstante, las medidas judiciales adoptadas permiten que los imputados enfrenten el proceso desde su casa, bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva”, escribió Castellanos.
Castellanos recalcó que en Honduras la corrupción no es un accidente aislado, sino una arquitectura sostenida en prácticas que se repiten, “cambian los gobiernos, y con ellos los colores partidarios, pero los mecanismos persisten. La impunidad opera como un sistema de autoprotección, donde la aplicación de la justicia suele verse condicionada por cálculos ajenos al interés público”.
También, enfatizó que este escenario alimenta una sospecha recurrente en la historia reciente del país, la existencia de arreglos tácitos que permiten que las consecuencias penales sean negociables, “no se trata de afirmar responsabilidades, sino de reconocer que el sistema ha mostrado una capacidad persistente para amortiguar el impacto judicial sobre las élites, independientemente del partido al que pertenezcan”.
“No se trata de anticipar culpabilidades ni de desconocer garantías, sino de preguntarse qué revela este patrón sobre el funcionamiento real del sistema de justicia y su capacidad para responder con igualdad ante la ley”, explicó Castellanos.
Finalmente, Castellanos refirió que la corrupción no solo se combate en los juzgados, también se reproduce o se frena en las señales que envía el sistema, “cuando esas señales transmiten indulgencia selectiva, la impunidad se normaliza; no por una decisión individual, sino por la suma de prácticas institucionales que terminan protegiendo al poder”. ED/Hondudiario
