*** Además, la Corte Suprema solicita mesa técnica antes de aprobar cambios administrativos.
La presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió que despojarla de sus facultades administrativas pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial tras una iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional orientada a reformar el artículo 3 transitorio del Decreto 282-2010.
A través de una nota de prensa, la CSJ alertó que el proyecto de decreto actualmente en trámite legislativo representa diversos “riesgos jurídicos, operativos e institucionales” que afectarían gravemente el funcionamiento efectivo de la administración de justicia.
El Poder Judicial indicó que trasladar decisiones de personal y disciplina a un órgano colegiado de quince magistrados puede crear “cuellos de botella severos” con retrasos en las funciones administrativas.
Del mismo modo, indicó que la redacción sobre devolver facultades al Pleno genera una ambigüedad sobre competencias que compromete la “imparcialidad y las garantías” del derecho de impugnación ciudadana.
“Confiarle al pleno las funciones disciplinarias relacionadas con despidos, cancelaciones y traslados compromete la imparcialidad y las garantías del derecho de impugnación”, advirtió.
La CSJ recalcó que la dinámica de nombramientos según los registros institucionales no refleja una “expansión descontrolada” y ha sido congruente con las necesidades en los órganos jurisdiccionales.
“Una reforma de esta naturaleza afectaría gravemente las funciones administrativas y jurisdiccionales, ya que los magistrados integran las salas civil, constitucional, penal y laboral contencioso administrativo”, insistió.
Así también, argumentó que resulta indispensable instalar de inmediato una mesa técnica interinstitucional para implementar una solución real que contemple la aprobación de una “nueva Ley del Consejo de la Judicatura”.
“Pero también reitera, con claridad y firmeza, que no puede acompañar una aprobación acelerada de una reforma con riesgos estructurales no resueltos, porque hacerlo comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad democrática que Honduras necesita”, sostuvo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. OB/Hondudiario
