*** Las personas involucradas en dichas acciones deben ser investigadas para que “reciban lo que en ley corresponda”.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, señaló que la judicialización de los responsables de atentar contra la democracia mediante el boicot al proceso electoral general de 2025.
Castellanos manifestó que las personas involucradas en dichas acciones deben ser investigadas para que “reciban lo que en ley corresponda” tras el daño causado a la institucionalidad del país.
“Quienes hicieron ese daño, tienen que ser investigados y ser judicializados y reciban lo que en ley corresponda”, dijo la exrectora Julieta Castellanos.
La socióloga puntualizó que las consejeras electorales Ana Paola Hall y Cossette López enfrentaron amenazas contra sus familias y riesgos a sus vidas para salvar el proceso democrático del año anterior.
Además, objetó cualquier posibilidad de que el Partido Nacional negocie con Libertad y Refundación (Libre) una cuota de impunidad sobre las figuras que sabotearon las elecciones.
Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall y Cossette López, denunciaron la semana pasa haber sido víctimas de una “campaña de odio y violencia sin límite” tras las elecciones de noviembre de 2025 y exigieron castigo para los responsables de lo que calificaron como ataques contra la democracia.
“Fuimos acosadas. Nosotras, las dos consejeras del CNE, y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”, escribió Hall en la red social X, al tiempo que pidió que los hechos no queden impunes. La funcionaria acusó al antiguo aparato oficialista liderado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) de actuar “de manera coordinada para impedir” la declaratoria final de los comicios.
Según su denuncia, se pretendía “arrebatarle al pueblo” la democracia mediante presiones institucionales y campañas de hostigamiento.
Por su parte, Cossette López denunció un bloqueo en los tribunales y afirmó que lleva “más de 105 días” sin respuesta a sus demandas de justicia por el acoso sufrido. La consejera pidió la apertura de juicios políticos contra quienes, a su juicio, “instrumentalizaron la justicia con fines políticos” durante las elecciones de 2025 y buscan favorecer la impunidad. OB/Hondudiario
