*** Copeco es el ente de prevención que atiende las emergencias del país, y su presupuesto estaría comprometido por la gran cantidad de demandas.
El viceministro Nelson Márquez informó este martes que se han identificado más de 600 demandas legales en contra de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), las cuales podrían derivar en embargos directos a las cuentas del Estado hondureño durante los próximos meses.
Márquez expuso que existe una profunda preocupación institucional debido a que estas acciones judiciales se encuentran en proceso y coinciden con las advertencias del procurador general sobre un posible colapso financiero que afectaría la operatividad de la Secretaría.
“Se ha podido identificar por parte de nuestro equipo que hay un poco más ya hasta este momento de 600 demandas que se están dando aquí en la Comisión Permanente de Contingencias, que todos sabemos que tienen el deber de atender directamente emergencias en el país y que el trabajo que realiza tienen que ir directamente relacionado con la atención a esas emergencias”, indicó.
“En las próximas semanas o en los próximos meses pueda venir eso y estallar directamente, ya en lo que podría llegar a convertirse incluso hasta en embarcos para las cuentas del Estado”, advirtió.
Aun así, declaró que la instrucción del presidente Nasry Asfura consiste en definir soluciones inmediatas para atender las crisis por sequía e incendios forestales sin que los problemas legales del pasado obstruyan la preparación ante la futura época lluviosa.
Recalcó que el equipo técnico detectó un hallazgo relevante sobre un número importante de personas contratadas que no realizaban ninguna “función específica” dentro de la estructura administrativa de la entidad encargada de las emergencias.
“Esto realmente es preocupante y necesitamos buscar la salida lo antes posible. No estamos llegando a escarbar en el pasado, no es esa la intención, pero porque la instrucción del presidente Asfura ha sido que definamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer en términos de atender los problemas que se nos vienen por sequía, por incendios forestales, las movilizaciones masivas en nuestro país, prepararnos en el verano para las emergencias que puedan darse en la época lluviosa”, expuso el viceministro.
El viceministro explicó que la actual administración solicitó formalmente el “acompañamiento de organismos anticorrupción” para verificar la validez de los contratos y evitar que personas que nunca trabajaron generen nuevas cargas económicas mediante demandas laborales.
La situación de inestabilidad jurídica se originó durante los últimos años cuando la institución estuvo bajo el mando de al menos tres ministros diferentes incluyendo la gestión del periodo comprendido entre 2018 y 2022.
“Lo más duro sería todavía que llegasen a demandar al Estado personas que nunca crearon una función, pero que están respaldados en un contrato que probablemente firmaron”, lamentó. OB/Hondudiario
