*** Midence manifestó que la iniciativa busca establecer un “control de gasto” riguroso y reorganizar el Poder Ejecutivo.
El diputado del Partido Nacional, Marco Midence, y el parlamentario de Libre, Hugo Noé Pino, fijaron posturas opuestas este martes ante el proyecto de Ley de Reactivación Económica enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional para la reestructuración estatal.
Midence manifestó que la iniciativa busca establecer un “control de gasto” riguroso y reorganizar el Poder Ejecutivo con el propósito de detener el perjuicio financiero que provocan las demandas laborales contra el Estado.
“Este proyecto de ley lo que hace es, autorizarle al Poder Ejecutivo, una medida para controlar gasto, agilizar y poder reorientarlo a finanzas para tener estabilidad macroeconómica y sostenibilidad de la misma”, expuso Midence.
El también exministro de Finanzas explicó que lo que no puede ocurrir es que las finanzas públicas “no sean objeto de una revisión” y recordó que “este país tiene una deuda importante, tenemos una demanda excesiva en infraestructura que no fue atendida, en medicamentos, en los hospitales que tampoco fue atendida”.
En contraste, Pino consideró que la propuesta del Gobierno resulta ilegal y posee un carácter “inconstitucional” por su objeto, tras asegurar que el documento ya se encuentra bajo el análisis de una comisión especial legislativa.
Además, subrayó que el texto carece de componentes orientados al “desarrollo humano” y recordó que en gestiones anteriores se crearon secretarías sin que tales determinaciones fueran sometidas a la aprobación del Congreso Nacional.
Del mismo modo, argumentó que el proyecto de ley no contempla una verdadera “reactivación económica” para el país y concluyó que existen diversas observaciones críticas sobre el contenido sustancial de la normativa enviada por la presidencia.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, aclaró este martes que el nuevo decreto de Ley de Reactivación Económica orientado al impulso del desarrollo económico no contempla procesos de compras ni trámites administrativos, sino que busca facultades para que el Poder Ejecutivo pueda renegociar demandas, pagos de deuda y establecer mejores controles sobre el gasto corriente “excesivo” del Estado.
Hércules manifestó que la iniciativa legal pretende otorgar herramientas para optimizar las finanzas públicas mediante una reestructuración profunda que permita sanear las cuentas estatales sin recurrir a mecanismos de adquisición de bienes o servicios.
“Este decreto, quiero aclarar, antes que nada, no lleva a ningún proceso de compras, no lleva a ningún proceso administrativo de ninguna índole, más que las medidas que ya están previstas en el mismo, que van direccionadas a buscar facultades para el Poder Ejecutivo para poder renegociar demandas, renegociar pagos de deuda”, apuntó. OB/Hondudiario
