*** El CNA señaló que la iniciativa podría debilitar derechos fundamentales si no se delimitan sus alcances.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), mediante sus redes sociales advirtió riesgos constitucionales en lo que se está debatiendo en el Congreso Nacional (CN), sobre la ley de reactivación económica, recalcando que se deben de formular alertas técnicas que deben de ser valoradas antes de su aprobación.
“Considera necesario formular alertas técnicas que deben ser valoradas antes de su eventual aprobación. En ese sentido, no se cuestiona la facultad del Estado de reorganizar su estructura administrativa ni de racionalizar el gasto público. Sin embargo, la eficiencia no puede construirse debilitando garantías constitucionales”, señalaron.
A lo que indicaron que existe un riesgo de vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, debido a que, el proyecto autoriza reducciones forzosas de personal, incluyendo empleados por contrato y por acuerdo de nombramiento, “si bien contempla el pago de indemnizaciones conforme a ley, simultáneamente restringe acciones judiciales y suspende el mecanismo de control previsto en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, que garantiza la revisión de las decisiones administrativas en materia de personal”.
“Esta combinación puede dejar al empleado público cancelado sin mecanismos reales para reclamar ante posibles irregularidades, afectando el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”, advirtieron.
Además, sostuvieron que, podría haber una discrecionalidad en la anulación de actos administrativos, debido a que el proyecto faculta al Poder Ejecutivo para anular o rescindir actos administrativos previo, “incluyendo resoluciones, contratos, licencias, entre otros bajo criterios que podrían ser discrecionales para calificar aspectos clave como la ilegalidad de dichas acciones. Sin parámetros claros y sin control jurisdiccional posterior”.
A lo que el CNA exhortó al Congreso Nacional a que, en el tercer debate próximo a iniciar, garantice que cualquier facultad extraordinaria esté claramente delimitada, respete el debido proceso y preserve el acceso efectivo a la justicia. ED/Hondudiario
