*** La semana pasada, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Comisión para la Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, manifestó que las intervenciones con aparentes vicios políticos en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) representan un retroceso institucional para el país.
Sarmiento explicó que el nombramiento de comisiones intervinientes obliga a los centros de estudio a comenzar de nuevo y frenar el impulso de los proyectos educativos previos.
“Cada vez que se interviene una universidad pública es un retroceso, es comenzar de nuevo. Ahora bien, los hechos fácticos son que ya está juramentada la comisión; lo que nos resta es estar garante de defender los derechos de los estudiantes, los docentes, del sindicato de la universidad para que todo lo bueno que se pudo impulsar siga”, declaró.
El legislador puntualizó que las posibles irregularidades detectadas deben remitirse al Ministerio Público para que se logre la deducción de las “responsabilidades que sean que correspondan”.
Consideró que, si la comisión encuentra irregularidades, que inmediatamente las remitan al “Tribunal Superior de Cuentas o al Ministerio Público para que se le deduzca las responsabilidades que sean que correspondan, pero esperamos que podamos ponerle un alto a la intervención de la Universidad de Agricultura y que esto no sea una práctica de que cada 4 años el gobierno que llegue de turno pretenda poner sus rectores, porque eso es un retroceso para la universidad”.
La semana pasada, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Comisión para la Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura, institución pública constituida mediante el Decreto No. 192-2001.
La nueva instancia operará conforme a los principios y lineamientos establecidos en el estatuto de la Universidad Nacional de Agricultura y asumirá funciones específicas contempladas en ese marco normativo y en el decreto aprobado.
La comisión ejercerá una función auditora forense con el acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otras entidades externas con el propósito de garantizar transparencia en los procesos de elección de autoridades y en la administración de los recursos públicos obtenidos por la institución durante los últimos cinco años. OB/Hondudiario
