*** El CNA advirtió que la modificación aprobada por el Congreso no es un simple ajuste transitorio, sino un cambio que impacta la estructura constitucional del Poder Judicial, por lo que debió seguir el procedimiento de reforma constitucional y no el trámite de leyes secundarias.
El Consejo Nacional Electoral (CNA), mediante sus redes sociales, cuestionó el procedimiento de aprobación al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010, el cual fue aprobada de manera reciente en el Legislativo, el cual modifica las atribuciones administrativas en el Poder Judicial.
“Considera que la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010 no constituye una simple modificación a una disposición secundaria. Aunque formalmente se trate de un artículo transitorio, su contenido incide directamente en la organización del Poder Judicial y en el régimen de atribuciones previsto en la Constitución de la República”, indicaron.
Refirieron que dicha disposición reguló provisionalmente el ejercicio de competencias administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, formando parte integral del rediseño constitucional aprobado en 2010 y ratificado en 2011.
A lo que enfatizaron que la modificación no es meramente operativa, sino que impacta materialmente la arquitectura constitucional del sistema judicial. “Tratar esta reforma bajo el procedimiento previsto para leyes secundarias —y no bajo el mecanismo rígido de reforma constitucional que exige ratificación en la siguiente legislatura— genera un cuestionamiento legítimo sobre la corrección del procedimiento utilizado”.
“Más allá de la discusión formal sobre la jerarquía normativa, lo determinante es que la reforma incide en la estructura constitucional de distribución de competencias, un ámbito que exige máxima prudencia institucional. Este precedente abre la puerta a impugnaciones constitucionales y a un escenario de incertidumbre jurídica innecesaria”, sostuvo el CNA.
Finalmente, apuntaron que, la estabilidad institucional no se fortalece mediante ajustes parciales a disposiciones transitorias, sino a través del cumplimiento integral del mandato constitucional, “en ese sentido, el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de impulsar una discusión amplia, técnica y participativa para aprobar una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, evitando dejar un precedente que pueda debilitar la rigidez constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el Estado de derecho”. ED/Hondudiario
