*** Las invasiones de tierras en la ciudades de Trujillo y Santa Fe mantienen el turismo asfixiado y han ahuyentado la inversión ante la indiferencia de las autoridades policiales y judiciales de aplicar la ley a los invasores.
En este sentido, propietarios de tierras, empresarios y desarrolladores turísticos desde el 2024 han denunciado una ola sistemática de usurpaciones de propiedades privadas, señalando directamente a grupos liderados bajo la bandera de la OFRANEH, considerando las múltiples denuncias formales, donde los afectados aseguran que el Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen una postura de «brazos cruzados», permitiendo que reine la impunidad.
La situación, que se ha intensificado en los últimos tres años, ha transformado zonas destinadas al desarrollo hotelero y residencial en focos de conflicto. Según denuncias recopiladas por los afectados, los invasores ingresan a propiedades privadas con títulos legítimos, establecen asentamientos ilegales y, en muchos casos, amenazan a los dueños y trabajadores.
El turismo: La gran víctima colateral
Trujillo, conocida históricamente por ser el primer sitio donde Cristóbal Colón tocó tierra firme en América y por sus playas vírgenes, ve amenazado su motor económico por la inseguridad derivada de las invasiones que han provocado la paralización de nuevos proyectos de inversión que prometían generar cientos de empleos locales.
Asimismo, representantes del sector privado advierten que el turismo es incompatible con la violencia y la incertidumbre legal. «Nadie quiere invertir en un lugar donde las reglas del juego no se respetan y donde tu propiedad puede ser tomada por la fuerza al día siguiente sin que la policía intervenga», comentó un empresario de la zona que prefirió el anonimato por temor a represalias, considerando que ha sido testigo de lo que ocurre en esa zona.
Denuncias ignoradas y pasividad estatal
Considerando las múltiples invasiones, el problema se mantiene por la inoperancia de los operadores de justicia, porque los propietarios afectados afirman que, pese a presentar la documentación legal que acreditan su dominio sobre los inmuebles y las órdenes de desalojo emitidas por los juzgados, la Policía Nacional no ha ejecutado ningún desalojo. Del mismo modo, indican que el Ministerio Público no ha procedido con la contundencia necesaria ante los invasores que han cometido delitos de usurpación.
La indiferencia, según un fiscal del MP, obedece porque en unos casos, los invasores se amparan en sentencias internacionales de la CorteIDH; sin embargo, los denunciantes argumentan que estas sentencias no pueden servir de «patente de corso» para violentar la propiedad privada debidamente inscrita que no está en disputa legítima, generando un estado de indefensión total para los inversionistas.
Impacto en la Seguridad Jurídica y la Economía Nacional
El conflicto en Trujillo y Santa Fe no es un caso aislado, sino el reflejo de una crisis nacional de seguridad jurídica que le está costando caro a Honduras, según representantes de la empresa privada afiliados al COHEP, lo que ha estado provocando «fuga de inversión» establecida en los datos recientes del sector empresarial, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó cerca de un 8% en el último año. La falta de garantías sobre la tenencia de la tierra es citada frecuentemente como el principal disuasivo para el capital extranjero.
También está provocando pérdidas millonarias a nivel nacional, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que registra que las invasiones han afectado miles de manzanas de tierra, traduciéndose en pérdidas económicas que superan los 2,400 millones de lempiras y poniendo en riesgo miles de empleos directos e indirectos.
Asímismo, se deteriora la imagen país, donde Honduras se posiciona como uno de los países con mayor inseguridad jurídica de la región, solo superado por Nicaragua, lo que dificulta la atracción de nuevas cadenas hoteleras o desarrollos inmobiliarios de calidad.
Mientras las mesas de diálogo gubernamentales no logran consensos efectivos y las reformas agrarias se estancan, en Trujillo y Santa Fe la ley del más fuerte parece prevalecer sobre el Estado de Derecho, dejando al turismo y a la inversión privada como rehenes de un conflicto sin árbitro. Existen más de una decena de denuncias de invasiones de propiedades en Trujillo y Santa Fe, sin contar otras que mantiene la OFRANEH en Tela, Atlántida. MO/hondudiario
