*** Hernández sostuvo que el problema requiere un abordaje holístico.
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, expuso este martes que, para solventar los embargos y los millones de lempiras perdidos en demandas laborales, el Gobierno urge de decisiones “sostenibles” y “no solamente para enfrentar el momento”.
Hernández manifestó que los tres poderes del Estado deben articularse de manera responsable para encontrar una salida legal que permita liberar recursos para la Caja Única del Tesoro.
Además, recalcó que resulta imperativo deducir responsabilidades a los funcionarios que de manera malintencionada tomaron decisiones al margen de la ley.
“Difícilmente el país va a poder avanzar si no logra tomar decisiones que sean sostenibles, no solamente para enfrentar el momento y lograr liberar recursos para la Caja Única del Tesoro, sino para que estas historias no se repitan, pero hay que deducir responsabilidades también a quienes de manera malintencionada tomaron este tipo de decisiones”, arguyó.
Para Hernández, las crisis actuales son el resultado de nombrar personas sin capacidad en posiciones estratégicas donde terminan decidiendo sobre despidos irregulares.
Hernández indicó que la sociedad debe comenzar una discusión seria sobre la Ley de Servicio Civil para determinar si es necesaria una nueva normativa que garantice una “administración pública eficiente”.
“Este es el resultado de decisiones políticas que se toman cuando nombran personas sin capacidad posiciones que al final terminan decidiendo sobre despidos u otras cosas más al margen de la ley y bueno, como el Estado es el que le toca pagar, entonces siguen haciendo así es que hay que responsabilizar también aquellos funcionarios que nombran en posiciones gente sin capacidad y eso tristemente ha sido una constante”, reiteró.
Puso de ejemplo que en el sector del magisterio existen planillas pendientes desde el año 2012 cuyo monto acumulado se supone que “supera los mil millones” de lempiras.
Por otro lado, lamentó que el Poder Judicial presenta una ineficiencia grave al citar personas en los juzgados de trabajo para fechas tan distantes como el año 2032.
Hernández sostuvo que el problema requiere un abordaje holístico con la participación de los trabajadores y el sector privado porque todos sufren las “consecuencias de ese tipo” de acciones. OB/Hondudiario
