*** Si se identifica una irregularidad que constituya la “comisión de algún delito” se remitirá el caso al Ministerio Público para la acción penal.
El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Montes, anunció que la institución iniciará la próxima semana una investigación de oficio sobre la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno anterior para verificar si existieron irregularidades y el cumplimiento de los procedimientos legales.
Montes recordó que al ente contralor le corresponde el “mandato constitucional” de realizar cualquier indagación que llegue a la institución por “las líneas correspondientes”.
“Como servidores públicos y como magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, nos corresponde el mandato establecido en la Constitución de la República, en la ley del Tribunal Superior de Cuentas. A nosotros nos corresponde hacer cualquier investigación que llegue a nuestra institución, por cualquier medio, y a través de las líneas correspondientes”, declaró a la prensa.
Además, señaló que la Secretaría de Salud es el organismo donde se ejecutarán las diligencias para “recopilar la información” referente a estas “contrataciones que se hayan realizado”.
Montes manifestó que cada servidor público tiene el deber de respetar las “disposiciones generales del presupuesto” para cualquier contratación de “recursos humanos” en apego a la ley.
“Pues tenemos un área correspondiente para hacer todas estas investigaciones, para recopilar la información, pues cada servidor público sabe que hay que respetar los procedimientos legales, los mandatos constitucionales, las disposiciones generales del presupuesto para cualquier contratación, ya sea de obras civiles, de recursos humanos, y que debe hacerse en apego a las disposiciones legales. Y sabe que, al hacer cualquier violación a las disposiciones legales, pues corresponden las sanciones que de las investigaciones emanan”, desglosó.
El magistrado reconoció que el proceso garantiza la “presunción de inocencia” y el “derecho de defensa” antes de aplicar las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan.
Sin embargo, el magistrado recalcó que si se identifica una irregularidad que constituya la “comisión de algún delito” se remitirá el caso al Ministerio Público para la acción penal.
“Nosotros tenemos que actuar en apego a la Constitución, dándole el derecho de defensa y la presunción de inocencia, y efectivamente si esto no aclara la situación que se ha llevado, pues aplicará a realizar las sanciones que por ley corresponden”, remarcó. OB/Hondudiario
