*** El decreto ejecutivo contempla la liquidación total de aproximadamente cinco instituciones.
El miembro de la comisión liquidadora de la Secretaría de Finanzas, Leonel Núñez, informó este martes que ya se inició las gestiones de cancelación al menos 1,900 empleados públicos y garantizan respeto a derechos laborales en las instituciones que serán disueltas bajo el decreto 004-2026.
Núñez anticipó que el equipo se personará en las entidades para verificar la cifra exacta de colaboradores que serán cancelados bajo las modalidades de contrato y acuerdo.
“Es muy importante determinar que, si bien es cierto, existe un número promedio de unos 1.900 empleados, realmente al momento que ya prácticamente empezamos a hacer este proceso de liquidación, hoy que nos vamos a personar en algunas instituciones que van a ser liquidadas, vamos a saber cuántos son los empleados que están ahí de manera por contrato, por acuerdo, sin embargo, siempre respetándole a cada uno sus derechos laborales”, declaró.
El abogado manifestó que la comisión se dividirá para visitar las sedes de Planificación Estratégica, Vivienda y Transparencia con el fin de asegurar que el proceso se realice “respetando las garantías” individuales.
Indicó que el diagnóstico institucional permitirá establecer el monto del “presupuesto para lo que son las cesantías” de las personas que laboran en los entes afectados.
“Dentro del diagnóstico que se va a elaborar, que ya empezó a elaborarse, pues vamos a saber, así sea cierta, cuánto es el presupuesto para lo que son las cesantías de las personas que trabajan en estas instituciones”, acotó.
Así también comentó que es necesario auditar los salarios y fechas de ingreso debido a que en enero algunos funcionarios “se auto pagaron” sus prestaciones de forma irregular.
El decreto ejecutivo contempla la liquidación total de aproximadamente cinco instituciones, entre las que figuran Planificación Estratégica, Red Solidaria, sumando un total de 12 entidades intervenidas.
Núñez reiteró que la liquidación se fundamentará en la Constitución de la República y el Código del Trabajo para garantizar los beneficios legales que corresponden a cada ciudadano hondureño. OB/Hondudiario
